*La cesión derechos de las concesiones a terceros no reporta ingresos al gobierno.
Los trámites y procedimientos para la regularización de vehículos del transporte público son caros, lo cual impide el reordenamiento de la actividad, pero además, esos montos en la práctica no los recauda el gobierno.
Por ello es necesaria una reforma al Código Administrativo del Estado de México, con la adición de dos párrafos al artículo 7.20 y uno al 7.33 y a la Fracción I de éste último, propuso el diputado Emiliano Aguirre González (PT).
El legislador presentó al pleno cameral esa iniciativa, la cual fue turnada a las comisiones de estudio y dictamen correspondientes. Explicó que en el Estado de México hay muchas concesiones vencidas y en otros casos fueron cedidas a terceros mediante acuerdos entre particulares, operaciones por las cuales el gobierno no ha recibido ingreso alguno.
Se trata de una exención del pago de derechos por la regularización, y mientras se arreglan las concesiones vencidas y las que están en manos de personas que no son los titulares, los vehículos no serán asegurados.
En tanto Aguirre González hablaba en la Tribuna del Poder Legislativo, las calles céntricas de la capital mexiquense estaban ocupadas por taxis cuyos conductores se manifestaron para demandar solución al problema de la detención de unidades, cuyas concesiones se vencieron.
Al término de la sesión, diputados del PT se reunieron con los manifestantes, a quienes les informaron del contenido de la iniciativa y sus alcances, y les informaron que también buscarán regular las operaciones en el servicio de grúas.
La propuesta incluye otorgar una prorroga provisional a quienes tengan vencidas sus concesiones para prestar el servicio, si las unidades utilizadas cumplen la norma, y si son los titulares de las concesiones vencidas quienes trabajan los vehículos.
Atender el asunto de las concesiones vencidas y a las que están en manos de terceros es una condición indispensable para poder reordenar el transporte público y para que el gobierno tenga un control efectivo sobre la prestación del servicio.
La iniciativa busca, según el diputado Aguirre González, dotar a las autoridades de las herramientas legales para resolver los problemas del transporte, porque ahora se atienden mediante acuerdos administrativo, al existir un vacío legal.
De acuerdo a una investigación de “El Espectador”, en el Estado de México cerca de 240 mil vehículos se dedican al transporte público, pero más de 60 mil tienen vencidas las concesiones y más de 30 mil están punto de caer en la misma situación, además decenas de miles más se dedican a la actividad en forma claramente ilegal.
