Por mayoría, la legislatura mexiquense derogó disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley de Contratación Pública, que establecían la destitución de los alcaldes si no pagan todos los laudos laborales que tienen en contra, los cuales suman o sumarán en poco tiempo 7 mil millones de pesos.
Los próximos presidentes municipales podían ser obligados a dejar sus cargos por no pagar deudas por despidos injustificados de servidores públicos municipales, dejadas por sus antecesores, en una clara injusticia.
Esas obligaciones legales fueron impuestas mediante cambios legales aprobados por el PRI y sus aliados en la Cámara de Diputados Locales, y que ahora representaban un alto riesgo para los próximos presidentes municipales, quienes en 13 de los 15 municipios más poblados y con mayor presupuesto serán de Morena. Este partido y sus aliados tendrán al menos 55 ayuntamientos, a partir del primero de enero de 2019.
