El presidente Andrés Manuel López Obrador debe reflexionar y rectificar el recorte al gasto de las universidades públicas. Creará cien más, pero lo más recomendable sería fortalecer a las existentes y fundar menos de cien. La educación en todos los niveles y la investigación, lo mismo que la cultura, deben ser prioritarias.
Lo que es procedente es la exigencia a que las universidades públicas manejen con racionalidad, eficacia y honestidad los recursos públicos y egresen cuadros profesionales altamente calificados, tanto técnicos y científicos como humanistas.
La rendición de cuentas debe ser norma para todos. Las universidades públicas no pueden aducir que su autonomía constitucional no significa extraterritorialidad, ni un estado dentro de otro estado, y mucho menos que las instituciones fiscalizadoras no puedan revisar cómo gastan el presupuesto, pues si, por ejemplo, los poderes legislativos federal y de los estados fiscalizan el ejercicio del gasto de los poderes ejecutivos, que tiene soberanía y son productos de la voluntad popular, con mayor razón debe hacerlo con los órganos autónomos.
