*Propuso el PAN aprovechar mejor los fondos, al personal disminuirlo y vender vehículos.
El grupo legislativo del PAN en la 60 Legislatura Local logró la aprobación de un punto de acuerdo mediante el cual se exhortó a los poderes estatales, ayuntamientos, órganos autónomos y organismos auxiliares a ejercer con extrema racionalidad los recursos a su disposición.
La propuesta leída en tribuna por la diputada Karla Leticia Fiesco García incluyó la correcta y eficaz aplicación de los fondos presupuestales, de los servidores públicos, del equipo y materiales por parte de las autoridades enumeradas.
Destacó que en el año pasado (ocho meses y medio correspondieron al gobierno de Eruviel Ávila Villegas y dos meses y medio, al de Alfredo del Mazo Maza) el gobierno estatal dejó de ejercer más de 4 mil millones de pesos. No los aplicó con oportunidad.
Al mismo tiempo, en ese ejercicio federal elevó su deuda en tres mil 051 millones de pesos (en números redondos), lo cual revela una contradicción e ineficacia en la planeación y ejecución del presupuesto.
No se invirtió ni se gastó, pero el endeudamiento siguió creciendo, puntualizó la representante popular panista, cuyo punto de acuerdo propuesta fue aprobado por el pleno de la Legislatura.
En un bien documentado texto, la diputada panista se refirió igualmente al sobreendeudamiento de 28 organismos de agua potable, de los cuales 28 sus pasivos rebasan el 40 por ciento de sus ingresos ordinarios, con el caso extremo de un organismo de Cuautitlán Izcalli, dedicado al mantenimiento de vialidades, que acumuló casi 11 mil millones de pesos de deuda.
Lo aprobado incluyó el exhortó a los poderes estatales, ayuntamientos, órgano autónomos y organismo auxiliares a efectuar una reingeniería para dejar de tener en nóminas a personal no indispensable para el funcionamiento de las administraciones; es decir, dejar fuera al segmento de servidores públicos prescindibles.
De la misma forma se recomendó vender al 30 por ciento del parque vehicular de estas autoridades y hacerlo en subastas públicas, para facilitar la compra a los mexiquenses, con lo cual además de tener ingresos lograrán ahorro en los gastos en combustible, mantenimiento y seguros.
La racionalidad del gasto debe incluir la cancelación de los teléfonos celulares para los funcionarios, incluyendo al utilizado por el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Sólo deben dejársele a quienes cumplen tareas de seguridad pública, protección civil y de inspección de obras públicas.
Fiesco García consideró perjudicial para los mexiquenses el que las autoridades no apliquen todos los fondos presupuestales disponibles y además se endeuden, por ello calificó como indispensable lograr la racionalidad, eficiencia, honestidad, transparencia y rendición de cuentas de las autoridades mexiquenses.
