COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
ALTO RIESGO DE QUIEBRA DE ISSEMYM, A PESAR DE
LA ABROGACIÓN DE LA LEY PRIVATIZADORA
Un total de 53 diputados locales de MORENA, PT, PES y PVEM aprobaron abrogar la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, cuando faltaban 26 días para entrar en vigor, el día primero de enero del próximo año. Atendieron reclamos de 375 mil servidores públicos, quienes no fueron defendidos por sus dirigentes.
La legislación dejada sin efecto tenía como finalidad privatizar el régimen de pensiones, para pasar del sistema solidario, a uno de cuentas individuales, donde se depositarían los ahorros de quienes prestan sus servicios a los poderes estatales, los ayuntamientos y organismos autónomos y auxiliares, para de ahí pensionarlos. Empresas privadas, interesadas en cobrar comisiones por manejar las cuentas se iban a encargar del negocio.
Esa ley abrogada tiene como antecedente más antiguo la privatización del sistema de pensiones del IMSS en julio de 1997, ahora a cargo de empresas particulares. Con esta medida el gobierno federal se descargó de la obligación de pensionar asalariados de la iniciativa privada, pero lo hizo a costa del bienestar de los trabajadores cuando se jubilen, pues cálculos actuariales indican que recibirán como pensión el equivalente a entre el 26 y 30 por ciento de su último salario.
Eso habría ocurrido con los servidores públicos estatales quienes ocuparían plazas después de entrar en vigor la nueva Ley de Seguridad Social, porque el esquema es el mismo al utilizado en el caso de los asalariados de la iniciativa y de los afiliados al ISSSTE, por lo que los resultados serían similares: malos para sus niveles de bienestar.
No obstante, la abrogación de la norma en cuestión no resolverá los actuales problemas financieros del ISSEMYM, como tampoco los iba a solucionar esa controvertida ley, que en materia de jubilaciones y pensiones se aplicaría a los futuros servidores públicos, no a los actuales. Con esa ley o sin ella, como ocurrirá, los actuales riesgos para la viabilidad del organismo no se tocarán. Seguirán igual o más graves.
El Instituto tiene problemas para pagar pensiones y serán mayores a medida que se jubilen más servidores públicos, pero de ello éstos no tienen ninguna culpa. Las dificultades presupuestales en general y del fondo de reservas, en particular, tienen como causa los malos manejos del organismo, que utilizaron parte de las reservas para otros fines, cuando debieron ser intocables. Sustraer un peso de esos fondos a largo plazo se traduce en una merma de cinco pesos, por los intereses que debió devengar lo sustraído.
Todavía hace 5 años los servidores públicos resintieron un aumento del 50 por ciento en sus cuotas para el ISSEMYM. Éste elevó sus ingresos en 10 mil millones de pesos entre 2012 y 2017, al pasar de 9 mil 460 millones de pesos en el primer año de referencia a 19 mil 555 millones en el segundo, según se informó durante el debate sobre la abrogación de la ley, pero el sistema de pensiones no desvaneció el riesgo de quiebra.
A pesar de ello, el peligro de insolvencia sigue latente, por la mala administración; es decir, no por culpa de los servidores públicos. La abrogación de la norma atendió otro problema, no el de insolvencia del fondo de reservas o sistema pensionario.
