*Respetarán sus pensiones, liquidación o retiro. *Alta deuda del GEM e ISSEMYN.
Los exgobernadores dejarán de tener personal a su servicio con cargo al erario y también perderán remuneraciones y bonos, tan pronto como se apruebe la iniciativa presentada para ello por la mayoría legislativa de Morena, por conducto de la diputada presidenta de la directiva, Azucena Cisneros Coss.
Propuso abrogar el Decreto 87 aprobado por la 36 Legislatura Local y publicado el 18 de julio de 1945 en la Gaceta de Gobierno, con lo cual quedará sin efecto igualmente el decreto 86 expedido por el Poder Ejecutivo, difundido en la misma publicación oficial el 7 de mayo de 1993, durante el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza, donde establecen que los exgobernadores pueden recibir premios, recompensas y apoyos para su seguridad personal y personal para desarrollar sus actividades.
La propuesta tiene asegurada su aprobación, dado que sólo requiere mayoría simple y es impulsada por el grupo legislativo dominante. De esta forma se retirarán los privilegios de los ex mandatarios del Estado, quienes además de tener derecho al menos a bonos y remuneraciones, a contar con un jefe de ayudantes, con sueldo de subdirector; tres ayudantes con rango de oficiales de la policía estatal, un chofer y una secretaria.
Retirar a los exgobernadores mexiquenses privilegios con cargo al erario como bono, remuneración o personal a su servicio, que vayan más allá de lo señalado en la ley como pensión, liquidación o retiro, a efecto de “contraponer a esa vieja cultura política, nuevas formas del ejercicio del servicio público apegadas a los principios de igualdad, transparencia y austeridad”, razonó Cisneros Coss.
“Poner freno a la opulencia, la desigualdad, los privilegios y el derroche de los recursos públicos, constituyen aspiraciones que la mayoría de los mexicanos y mexicanas desean hacer realidad en su trato con las autoridades que han elegido democráticamente”, recalcó la diputada de Ecatepec.
“Sin duda, la existencia de ambos decretos ha favorecido un tratamiento contrario a derecho; de ningún modo se justifica que, una vez que los gobernadores del Estado de México han concluido con su gestión, se les destine, con cargo al erario, personal para desempeñar actividades ajenas al servicio público”, señaló Azucena Cisneros.
Indicó que en esa situación no solo se advierte un uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión de carácter público, sino el establecimiento de una remuneración más allá de lo señalado por la ley como pensión, liquidación o retiro.
Dijo que la asignación de personal de seguridad para exmandatarios estatales conlleva un tratamiento desigual frente al requerimiento del resto de la ciudadanía, por lo que cuestionó si el personal destinado para esas tareas no sería más necesario para combatir actividades relacionadas con entornos violentos y delictivos de la entidad.
“Una actuación contraria a esto estaría contraviniendo el principio elemental de igualdad ante la ley y perjudicaría el acceso equitativo al derecho más fundamental de la ciudadanía, que es la seguridad”, agregó.
Respecto a la seguridad destinada a exfuncionarios relacionados con actividades de riesgo debido al desempeño de sus cargos, la legisladora consideró se trata de situaciones excepcionales, las cuales están justificadas, aunque -señaló- debe existir una motivación y regulación, como el acuerdo emitido el 3 de diciembre de este año por medio del cual la Fiscalía General del Estado de México actualizó los denominados ‘Lineamientos para la protección y seguridad a través de la asignación del servicio de escolta’.
En sesión del Primer Periodo Ordinario indicó que si los exgobernadores enfrentan alguna situación de riesgo es obligación del Estado asumir, a efecto de garantizar en condiciones de igualdad, la protección y seguridad como con cualquier ciudadano.
Subrayó que, con el arribo de la nueva mayoría parlamentaria de Morena representada en la 60 Legislatura, se establece la necesidad de contraponer a la vieja cultura política dominante en el pasado nuevas formas del ejercicio del servicio público apegadas a los principios de la igualdad, transparencia y austeridad que permitan acercar la distancia creada entre la clase política y la ciudadanía.
La legisladora añadió que la exigencia ciudadana obliga a tomar acciones como la abrogación de los mencionados decretos, al considerar que el Estado de México ocupa el tercer lugar entre las cinco entidades más endeudadas del país, que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios enfrenta un endeudamiento que asciende a 4 mil 184 millones de pesos al cierre de 2017 y que el Sistema de Justicia del estado enfrenta graves problemas ante la insuficiencia de recursos.
