*Pretenden obligar a transportista a adquirir esos dispositivos a una sola compañía.
CLAUDIA HIDALGO
El rezago administrativo que enfrenta la Secretaría de Movilidad ha provocado que el Estado pierda el control del transporte público, porque carecen de un padrón actualizado que permita ubicar a quienes prestan legalmente el servicio.
El diputado Javier González explicó que actualmente las autoridades no saben quién cuenta con concesión vigente porque hay muchos trámites inconclusos ante los altos cosos, exceso de trámites y rezago administrativo en la dependencia.
Pidió que se atiendan estas carencias y se cree una base registrar eficiente que permita avanzar a una legislación completa y moderna en materia de movilidad y transporte en beneficio de los usuarios, donde resulta urgente regularizar las concesiones que operan actualmente.
Para ello propuso reformas y adiciones al Código Administrativo para dotar de los instrumentos legales necesarios, donde ya se atienda el atraso en prórroga y cesión de concesiones y se permita una prórroga a los concesionarios para ponerse al corriente.
La iniciativa que se turnó a comisiones señala que la cesión de la concesión implicará la cesión de los derechos y obligaciones correspondientes y podrá llevarse a cabo por actos entre particulares, pero la validez de los mismos queda sujeta a la autorización de quien la haya otorgado. Sólo se autorizará cuando sea de manera irrevocable.
En tanto, los transportistas siguen acudiendo a la Cámara local para pedir apoyo y lograr que se anule el acuerdo que los obliga a comprar equipo de seguridad con una empresa que les cobra 17 mil pesos por el “Kit”.
El coordinador de la bancada, Armando Bautista Gómez, indicó que están en contra de esta medida porque no busca favorecer la seguridad del usuario, sino a una empresa, con quien piden se haga la adquisición con un precio fuera de mercado, pues han encontrado ese mismo servicio en otras empresas a sólo mil pesos.
La Gaceta del 20 de marzo, donde se establece que deben contar con vídeo cámara, botón de pánico, entre otras medidas de seguridad, dijeron, debe modificarse, porque no se le puede cargar a los empresarios las fallas que hay en seguridad y dejar en sus manos el control de la criminalidad, la cual debiera ser combatido por la policía municipal y estatal.
