Es increíble el grado de indefensión en que durante este siglo se dejó a los trabajadores de los expendios de combustible. Ahora en las encuestas sobre el aumento a los salarios mínimos se descubrió que la mayor parte de los despachadores de gasolinas trabajan sin sueldo y sin prestaciones.
Viven de las propinas, en una situación violatoria de la legislación laboral, los derechos humanos y reñida con cualquier pizca de humanismo.
Los dueños de muchos de estos negocios venden gasolinas importadas de mala calidad, no miden completos los litros y distribuyen también combustible robado, y ni así cumplen con las leyes laborales. A sus empleados les pagamos en realidad los compradores de sus productos, no ellos, como es su obligación constitucional y legal.
Las autoridades del trabajo les permiten violar la legislación de la materia, y no es difícil entender que en esto están metidos funcionarios corruptos.
