Será difícil sostener en prisión a los seis indígenas de San Pedro Tlanixco, condenados a más de 50 años de arresto por el homicidio de un empresario florícola de Villa Guerrero. El problema es que no hay pruebas contundentes de la responsabilidad penal de los condenados, como lo han señalado la propia ONU y la CIDH. Ahora la Legislatura Local tomó cartas en el asunto.
En este problema quedaron muy mal el Poder Judicial y la FGJEM, porque ésta inventó testigos y el primero les dio crédito, por consigna. Llegaron a tanto que la Fiscalía acusó a una persona quien había fallecido un año antes de los hechos y de manera increíble el juez de la causa expidió la orden de aprehensión contra el indígena muerto.
Parece anecdótico, pero como estaba muerto, por eso no lo encontraron, encarcelaron ni condenaron con cargos falsos que habrían violado sus derechos humanos, de ese tamaño es el problema del trabajo por consigna en el poder Judicial, y da una idea de la forma como se integraron los expedientes contra los detenidos.
