*En 2015 encontraron cocaína en el Canal del Poder Judicial, pero no se sabe qué pasó.
En marzo de 2015 estalló un escándalo en el Poder Judicial Federal, por la detección de cocaína en instalaciones de su órgano de difusión institucional, el “Canal Judicial”. Se presume que se traficaba esa droga en el inmueble; es decir, se ejercía el narcomenudeo dentro de la institución, y que se investigó, pero de los resultados nada se sabe a la fecha.
No obstante, quedaron sin respuestas preguntas sobre cómo llego la sustancia tóxica ilegal hasta las instalaciones desde las cuales se difunden las actividades de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Menos encontraron a los culpables, y al director general del Canal, Enrique Rodríguez, tiempo después lo exoneraron de cualquier responsabilidad de la presencia de la droga en un edificio en donde era el principal directivo.
Cuando se descubrió la cocaína renunció a su cargo, y después de la exoneración se reincorporó al servicio público y hasta hace unos dos meses era nada menos que vocero de la dirigencia estatal del PRI.
El Poder Judicial actúa con opacidad cuando se trata de investigaciones de delitos presuntamente cometidos por magistrados y jueces. Los casos trascienden por información del ministerio público, pero no por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura.
No hay información de cuántos ni qué magistrados y jueces y por qué están cumpliendo condenas, aunque es secreto a voces que hay muchos actos de corrupción y tráfico de influencia y carpetas de investigación abiertas.
En la primavera de 2015, junto con Enrique Rodríguez renunciaron algunos de sus cercanos colaboradores, entre ellos a un director de área, por la cocaína encontrada, pero fuera de esa información nada se conoce sobre los proveedores del alcaloide.
En los informes anuales de actividades se dan a conocer acciones legales, inclusive del ejercicio de la acción penal contra juzgadores y sus superiores, pero sólo se mencionan los números de casos, no los nombres, ni las causas específicas por las cuales fueron denunciados por el Consejo de la Judicatura.
La opacidad caracteriza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso en muchas ocasiones a las diligencias, que por ley deben ser públicas, no se permite el ingreso a los medios informativos, como es frecuente en el penal del Altiplano.
