El Poder Legislativo mexiquense volverá a tener facultades para calificar o rechazar las cuentas públicas estatales, a las cuales renunció en 2006, para transferirlas en la práctica al Órgano Superior de Fiscalización. Las iniciativas para ello fueron dictaminadas en sentido positivo, por ello recuperará su segunda función más importante: fiscalizar la aplicación de los fondos públicos y vigilar que su ejercicio mejore las condiciones de vida de la población.
La fiscalización ha sido un desastre en el Estado de México, como lo comprueba el hecho de que la entidad esté considerada como la de mayor corrupción en el país, pese a lo cual jamás se han detectado sobreprecios en compras de bienes y servicios y en obras públicas o enriquecimiento ilícito. Al cáncer de la corrupción se agrega la impunidad de los corruptos.
Valentín González Bautista, diputado local de Morena, sostiene que las auditorías se hacen a modo, para encubrir la corrupción, además los alcaldes y tesoreros se quejan de que no soportan ya las extorsiones de los auditores del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSEM), para que no finquen responsabilidades resarcitorias por presuntos malos manejos presupuestales.
