*Hay delito en las “aviadurías”, no sólo irregularidades administrativas.
Muchas de las anteriores autoridades municipales tomaron a sus administraciones como botín, para en un acabado ejercicio patrimonialista del poder, incluir en las nóminas a familiares, amigos y saldar compromisos políticos con tráfico de influencias, mediante el pago a personas sin trabajar, conocidos como “aviadores”. Con ello incurrieron en delito doloso contra el erario.
Por esa misma concepción de botín incurrieron en compras de bienes y servicios y los contratos de obras públicas con adjudicación directa o licitaciones a modo y con sobreprecios, “en beneficio también de gente vinculada con los ayuntamientos”, advirtió el abogado laboral y académico de la UNAM, Juan Ignacio Camarena Cedillo.
“Las aviadurías aparecieron con ese nombre después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo necesidad de apoyar económicamente a quienes participaron en esa Guerra como parte del Escuadrón Aéreo de Pelea 201, más conocido como ‘Escuadrón 201’. Cobraban sin tener la obligación de presentarse a trabajar”, recordó.
Después y hasta nuestros días -abundó-, ese beneficio se otorga por tráfico de influencia, como “aviadurías”, pero no se trata de un asunto menor, sino de un verdadero delito, porque implica la desviación de fondos públicos. “No debemos olvidar que no existe en los presupuestos municipales una partida para pagarle a quienes no trabajan, por lo cual sus sueldos, generalmente altos, se pagan con fondos que deben destinarse a atender las necesidades de la población”, insistió.
El experto dijo que comete delito el alcalde que autoriza el pago a “aviadores”, pero también estos incurren en ilícito, al recibir una paga que saben no desquitan y ocasionar daño al erario municipal. “No se trata de una simple falta administrativa”, reiteró.
“Nunca se ha castigado penalmente a esta modalidad de corrupción, pero eso no quiere decir que deba seguirse tolerando, por ello es urgente que ahora sí se castigue a quienes contrataron ‘aviadores’ y a quienes se beneficiaron con la desviación de recursos, pues se trata de un delito intencional e impune hasta ahora”, recordó.
Camarena Cedillo consideró un momento apropiado para castigar esta práctica, porque gobierna al país un hombre enemigo de la corrupción, Morena y sus aliados tienen mayoría en la Legislatura Local, y están a punto de terminar con las auditorías a modo.
No debe haber impunidad para las anteriores autoridades, ni para los “aviadores”, y debe cortarse de tajo esa modalidad de corrupción, porque en el pasado se sacaba de las nóminas a los “aviadores” del exalcalde, pero esas “aviadurías” las ocupaban familiares, amigos y aliados políticos de los nuevos; sobre todo, cuando no había alternancia partidista en los ayuntamientos. “Eso debe erradicarse para siempre”, insistió el especialista en derecho laboral.
Por último, preciso: “En todas partes las ‘aviadurías’ tienen un común denominador: son plazas bien pagadas, precisamente, porque las ocupan allegados al presidente”.
