GRANDES MEDIOS SE HACEN LOS DISIMULADOS
ANTE COBROS DE SUS PERIODISTAS EN LA PRESIDENCIA
MAXIMILIANO CASTILLO
Antes de finalizar el anterior sexenio federal se difundieron listas de conocidos periodistas y conductores de programas de noticias en radio y televisión, quienes facturaban cantidades millonarias, de hasta 16 millones de pesos al año, a la presidencia de la República, por difundir en portales digitales de escasas visitas boletines oficiales.
La relación incluyó a columnistas y analistas políticos de esos mismos medios informativos, hombres y mujeres, supuestamente objetivos, independientes, imparciales y libres. Participaron en el reparto de más de 60 mil millones de pesos pagados en los últimos seis años, más pagos en efectivos y otras prebendas, como la entrega de expendios de combustibles, vehículos blindados y escoltas pagados por el gobierno.
Ninguno de los “balconeados” en redes sociales y en muy pocos medios informativos tradicionales ha negado haber cobrado quién sabe desde cuando en la presidencia de la República. Todos tienen el denominador común de haber sido críticos del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Formaron parte de la fallida estrategia de nulificar políticamente al tabasqueño.
Algunos de los esos periodistas consideraron correcto cobrar en las instituciones y justificaron la entrega de sumas millonarias con el argumento de haber prestado servicios y cubierto los impuestos correspondientes, cuando nadie los acusó, ni los exhibió de evasores fiscales, sino de falta de ética, corrupción y conflicto de interés.
El propio presidente López Obrador se refirió al tema de los pagos a periodistas por parte de la presidencia de la República, organismos públicos y empresas productivas (para esos informadores y analistas profesionales) del Estado, y anunció en conferencia de prensa el fin de esa entrega de dinero a conocidos periodistas y la aplicación de una política transparente en la aplicación de 4 mil 200 millones de pesos programados para dar a conocer las actividades institucionales en los medios.
No obstante, los dueños de las empresas informativas donde prestan sus servicios quienes cobraban también en la presidencia de la República, Pemex, la CFE y donde pudieran, se han mostrado indiferentes ante el tema, como si no supieran que ese dinero no se entregaba por cuanto difundían esos periodistas en sus portales digitales, sino por su posición oficialista en noticieros, columnas de diarios, espacios de debates en medios electrónicos, y desde donde criticaban a López Obrador cuando era opositor, y el gobierno y el PRI buscaban sacarlo de la política.
Sería interesante que las empresas dueñas de los medios explicaran por qué no les importa la corrupción de sus periodistas y prefieran cargar también con el desprestigio de los informadores y analistas profesionales. Estos no han debatido el problema. Hablan de todo, menos de la corrupción y falta de ética de sus colegas, cuando el cobro de dinero al gobierno con el pretexto de los portales digitales, que es una especie de mecanismo de triangulación y “lavado de dinero” o “huachicol” periodístico, atenta contra el derecho constitucional de los mexicanos a estar bien informados, pues la presidencia de la República y sus dependencias y organismos les pagaban para desinformar, calumniar y atacar a los opositores, particularmente al ahora jefe de la nación. Habrá que esperar para ver sí el nuevo gobierno no cede al chante y rectifica.
