*Falta personal y sobra corrupción, lo cual frustra los buenos propósitos.
De la redacción
Diez años después de entrado en vigor el “nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral” en el Estado de México, cuya finalidad era agilizar y mejorar la impartición y administración de justicia, sus resultados son desalentadores.
“El porcentaje de carpetas de investigación integradas y puestas a disposición de los jueces de la materia es el mismo de antes, como lo es el de las sentencias condenatorias en comparación con los casos judicializados y mucho más en relación con el número de denuncias penales”, advirtió el abogado postulante Gerardo Fuentes Ruiz
Con larga carrera como litigante y como asesor jurídico de gobiernos municipales, atribuyó la falta de mejoramiento en el sistema de justicia a la permanencia de los mismos policías ministeriales, agentes del ministerio público y municipales que ofrecieron malas cuentas en el sistema tradicional.
El Estado de México fue los primeros en poner en marcha la citada reforma en materia de justicia penal, aprobada para todo el país en 2008, con un plazo para su implementación de ocho años; es decir, hasta 2016.
Menos de año y medio después, en octubre de 2009, comenzó a funcionar en suelo mexiquense el nuevo sistema, pero desde la óptica de Fuentes Ruiz, la buena intención se ha frustrado hasta ahora por la falta de capacitación a quienes son factores clave para la consecución del objetivo de agilizar y elevar la calidad de la justicia penal:
“No se capacitó bien a los policías ministeriales, ni a los agentes del ministerio público, y mucho menos a los elementos de las corporaciones municipales, a los cuales les asignaron una tarea muy importante en el sistema de justicia, como primeros respondientes: la conservar la escena de los delitos, especialmente en los casos de los homicidios, proteger los indicios y actuar con pleno respeto a los derechos humanos. No lo hacen y con frecuencia llegan tarde a donde se cometen los delitos”, abundó.
Por ello es común la alteración de las condiciones de las escenas de los crímenes, con lo cual se pierden indicios valiosos para las investigaciones y el esclarecimiento de los delitos, además “un alto porcentaje de los uniformados no conoce los protocolos para recoger, preservar indicios, cuando son ellos quienes inician la cadena de custodia de pruebas”, detalló el especialista en derecho penal.
Otros dos factores que han impedido alcanzar las metas en materia de justicia penal es la insuficiencia de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM), especialmente de policías y agentes del ministerio público. Son pocos, poco o pobremente preparados y no ha desaparecido la corrupción, “lo cual contribuye también al mal funcionamiento del sistema de justicia y a los altos niveles de impunidad de los delitos denunciados, de los judicializados y no se diga de los no denunciados”, concluyó Fuentes Ruiz.
