*El descuido de los intereses nacionales fue mayor de cuanto se pensaba.
GABRIEL L. VILLALTA
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) no sólo autorizó u ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmar con particulares contratos perniciosos para los intereses nacionales, sino también permitió la duración excesiva de los mismos.
De esta forma, la empresa productiva del Estado, como se le conoce ahora, quedó obligada a comprarles gas a compañías particulares por un período de 40 años, de acuerdo con información del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No fue lo más oneroso de los contratos, en los cuales los futuros proveedores del combustible a la CFE quedaron protegidos con cláusulas leoninas, sino el compromiso de pagarles los volúmenes de gas contratados, aunque no se entreguen, si esto ocurre por causas no atribuibles a los concesionarios.
Así está ocurriendo ya. Los dueños de los siete gasoductos concesionados no los han concluido y, por lo tanto, no tienen conexión con las plantas de la CFE ni pueden entregar un solo kilogramo de gas, pero están facturando como si la empresa pública estuviera recibiendo los volúmenes convenidos.
Cada año la Comisión Federal de Electricidad les está pagando 4 mil millones de pesos por el gas que debían entregarle, pero no hacen, porque no han terminado los ductos. Y tampoco les preocupa la paralización de sus obras.
El cobro, como lo reconoció el presidente López Obrador, es legal, pero injusto y abusivo, porque la CRE y la CFE no defendieron los intereses de la nación, sino los de los concesionarios.
En los contratos o títulos de concesión se estableció que si por causas ajenas a los concesionarios los ductos no se terminaban y no podía entregarse el gas, la CFE pagaría de todos modos el producto como si lo estuviera recibiendo en las cantidades pactadas.
Los trabajos de construcción están paralizados en algunos tramos, por la oposición de campesinos, lo cual está perjudicando a la CFE y beneficiando a los concesionarios, quienes ganan más por el gas cobrado, pero no entregado, porque no gastan en comprarlo para revenderlo, con ello ganan más y su negocio es redondo a costa del erario, según informó la CFE.
En estas condiciones, las empresas concesionarias de los gasoductos no tienen prisa alguna porque se resuelvan los problemas sociales: ganan más que si sus proyectos estuvieran operando. Los opositores a la terminación de las obras al final benefician enormemente a las empresas y perjudican los intereses del país.
Por si el saqueo autorizado por la CRE fuera poco, las empresas dueñas de los ductos reciben subsidios del gobierno, y el cobro por el gas que no entregan se eleva cuando se incrementan los precios internacionales del combustible.
Para entender bien la gravedad del problema, si en los 40 años de vigencia de los contratos no se resolviera el problema de la oposición a la sobras de los ductos, de todos modos la CFE les pagaría 160 mil millones de pesos, aunque no entregaran ni el equivalente a un tanque de gas de 20 kilos en esas 4 décadas. Y los particulares invertirán 16 mil millones en los gasoductos. El saqueo es despiadado ya.
