*Tres coacusados fueron liberados por desistimiento de la FGJEM.
CLAUDIA HIDALGO
Los indígenas presos de Tlanixco, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, tendrán que seguir el mismo destino que sus compañeros: Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, quienes abandonaron el penal de “Santiaguito”, la semana pasada.
El diputado Max Correa Hernández indicó que sólo falta interpongan el recurso respectivo para que se ordene la reposición de todo el procedimiento y así la Fiscalía General de Justicia pueda desistirse de la acción penal en su contra, tal como lo hizo con los primeros tres liberados, quienes estaban acusados de la misma muerte de Isaak Basso, empresario de origen español, ocurrida en 2003, en circunstancias no claras.
La defensa y organismos de la ONU documentaron graves deficiencias y fallas en el proceso, después de 11 años presos. En diciembre de 2017 se les dictó sentencia de 50 años de prisión, la cual fue cancelada el pasado 17 de enero cuando apelaron y fueron respaldados por varias organizaciones nacionales e internacionales. Se ordenó reponer el proceso, ante señalamientos de violaciones al debido proceso por parte de la Organización de Naciones Unidas, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial Contra la Tortura y Front Line Defenders y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL).
El presidente de éste último, José Antonio Lara Duque, explicó que el caso quedó sin materia por el desistimiento de la FGJEM, y eso debe traducirse en la libertad de los otros tres sentenciados, pues los seis fueron condenados injustamente por el mismo juzgado y por los mismos hechos: el presunto homicidio de un empresario español, quien representaba a los floricultores de esa región.
El conflicto entre el fallecido y San Pedro Tlanixco inició cuando la población se opuso a la explotación del agua por parte de empresas floricultoras transnacionales, quienes luego de varios años comprobaron que se cometieron diversas deficiencias en el caso.
A diferencia de otros delitos donde los culpables son detenidos hasta que se les demuestra su culpabilidad, en este caso se ejecutó la prisión preventiva oficiosa y no podían salir de la cárcel hasta que demostrarán que eran inocentes; sin embargo, la primera sentencia tardó 10 años, lo cual era la primera queja en contra del sistema de Justicia por no lograr una justicia expedita y violentar los derechos de los detenidos.
Ahora serán las comisiones de derechos humanos quienes determinen si siguen este caso por oficio o si necesitan una queja de los liberados para determinar si hay lugar a emitir una recomendación a las autoridades locales para que el Estado emita una disculpa pública y se pueda indemnizar a los acusados y se les repare el daño causado durante todo este tiempo que estuvieron privados de su libertad.
El legislador indicó que esto demuestra una vez más la inviabilidad de la prisión preventiva oficiosa, la cual debe ser revisada de la legislación mexicana para evitar más presos políticos, a quienes luego de varios años terminan reconociéndoles su inocencia o llegan a sentenciar por varios años.
Recordó que en enero la Comisión Interamericana y Naciones Unidas le hicieron llegar una carta a Porfirio Muñoz Ledo al Congreso federal para recomendarle se desistan de aprobar esta figura, a propósito del tema del “huachicoleo”, porque bastaría que alguien acuse a otra persona para mantenerlo en prisión.
