*Con más detenidos, se necesitarán más agente del MP, jueces y cárceles.
Hace un par de semanas , en febrero, y en una sesión de 7 horas, con votación de 377 votos a favor, 96 en contra y abstención de 5, la Cámara de Diputados Federal reformó el artículo 19 de la Constitución del país, para incorporar nueve delitos al catálogo de los calificados como graves, merecedores de prisión preventiva oficiosa, sin derecho a la libertad bajo fianza.
La votación puso de manifiesto la división de las bancadas opositoras, porque algunos legisladores de casi todos los partidos votaron a favor del cambio, mientras otros de sus compañeros lo hicieron en contra.
La mayoría absoluta de Morena no tuvo problemas para alcanzar la mayoría calificada, indispensable en los cambios constitucionales. Ahora la reforma debe ser aprobada por al menos 17 legislaturas locales para poder entrar en vigor, y después debe adecuarse la legislación penal federal. El partido en el poder tiene mayoría en 19 congresos locales.
El desafío será más bien para el sistema de justicia, porque a los siete delitos graves existentes, merecedores de prisión preventiva oficiosa, sin derecho a la libertad procesal bajo fianza se agregaron nueve, para sumar 16. Los nuevos son:
Feminicio, abuso sexual contra menores, desaparición forzada y desaparición forzada por particulares, corrupción, uso de programas sociales con fines electorales, portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas, robo al transporte en cualquier modalidad, robo de combustibles y robo a casa habitación.
No se trata de nuevos delitos, sino de una nueva tipificación que convierte a estos actos ilícitos en graves. No lo eran, y ahora exigirán un gran esfuerzo del sistema de justicia, porque tan sólo para recluir a quienes cometan estos delitos se necesitarán fondos para aumentar los espacios en las cárceles y así evitar problemas de saturación excesiva.
En las discusiones del dictamen aprobatorio la oposición, principalmente del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, auguraron el fracaso del cambio constitucional, porque no toca el factor que permite la impunidad: los agentes del ministerio público, señalados como incapaces y corruptos, que ahora podrán acusar y consignar a probables inocentes sin presentar pruebas de cargo contundentes que justificar la prisión preventiva de oficio, sin posibilidad del acusado de enfrentar su proceso en libertad.
De la misma forma, la oposición en San Lázaro planteó la necesidad de elevar el número de jueces, agentes del ministerio público y policías capacitados, porque su número insuficiente, más la corrupción, impide abatir la impunidad. Sin resolver estos problemas, coincidieron los diputados federales opositores, la modificación constitucional será irrelevante.
