En el Congreso de la Unión se reflexiona sobre las deficiencias de los sistemas de fiscalización de los estados, que oficialmente dependen de los poderes legislativos, pero en la práctica están subordinados a los gobernadores. Por eso nunca detectan actos de corrupción, ni enriquecimiento ilícito de funcionarios.
Considera anormal que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya detectado indicios de probables irregularidades en el ejercicio del gasto federal transferido a los mandatarios estatales por 27 mil 800 millones de pesos, pero los órganos fiscalizadores estatales no haya encontrado nada en la aplicación del gasto propio de las entidades federativas.
No les parece lógico que los gobernadores incurran en irregularidades en la aplicación de fondos federales en sus estados, aún cuando sabían que los revisaría la ASF; sin embargo, no incurran en el mal manejo de sus propios presupuestos, cuyo ejercicio revisan los sistemas fiscalizadores estatales que ellos controlan.
