*Líderes del Movimiento del 68 sospechaban que era policía y espía.
GABRIEL L. VILLALTA
Uno de nuestros maestros, quien formó parte de los 225 miembros del Consejo Nacional de Huelga (CNH), nos narró que no pocos de los líderes del movimiento estudiantil de 1968 percibían que dos de los miembros del órgano de dirigencia estaban al servicio del gobierno o de la CIA; es decir, que eran infiltrados y espías.
Uno, detalló, era Sócrates Campos Lemus, el más radical. Eso le generó desconfianza, y su comportamiento claramente provocador la robustecía. El otro era Enrique Krauze, un estudiante de gran capacidad para el debate y la reflexión.
Del ahora famoso intelectual e historiador posteriormente nada indicó fuera policía en el Movimiento Estudiantil Por Libertades Democráticas, como terminó llamándose la lucha estudiantil, según nos recordó el académico.
De Campos Lemus su futura trayectoria hizo creíble lo que de él se decía en 1968: fue cesado cuando era vocero de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en un gobierno panista, después de que el periódico “Reforma” publicara una fotografía en la cual aparecía conviviendo con mandos del “Cartel del Golfo”.
Krauze fue ubicado ahora nuevamente como sospechoso de estar al servicio de la derecha mexicana y de haber recibido dinero de empresarios para dirigir una campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador, en sus tiempos de candidato presidencial opositor, para impedir su triunfo.
Información adicional indica que recibió de la presidencia de la República de los sexenios panistas y el anterior, del PRI, 165 millones de pesos por servicios, en adjudicaciones directas. El primer señalamiento lo hizo en un libro Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña presidencial del tabasqueño, a lo cual el historiador e intelectual contestó que era falso y no descartó demandar a la influyente diputada federal, hija de Maquío.
La legisladora comentó que, entonces, se verán en los tribunales, como lo anunció Krauze, pero éste en lugar de llevar a cabo su acción judicial, se dijo perseguido político, cuando el personaje con quien tiene la controversia es sólo una de los 500 diputados federales.
Para Kauze no hay mejor forma de probar la falsedad de los señalamientos que le hacen que formalizar su demanda, pero antes podría confirmar o negar si recibió o no esos cerca de 170 millones de pesos del gobierno federal, cuando se supone es un intelectual y los intelectuales son independientes y ajenos al dinero público.
Mientras tanto, pocos le creerán que es un perseguido político. Nuestro maestro consideró que posiblemente la empresa del historiador tiene cuestiones fiscales por aclarar y más bien se estaría curando en salud para evitar una revisión como las que se hacen a todos los contribuyentes, menos a los consentidos del poder.
