1-Las reformas al marco constitucional y de leyes secundarias para dejar al presidente de La República sujeto a acciones penales por corrupción y delitos electorales tendrá su prueba de fuego si incluye a los gobernadores. Estos ordenaron a sus legislaturas locales (en las entidades federativas no opera en la práctica la división de poderes, salvo cuando la oposición domina estos cuerpos colegiados) apoyar la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, porque les convenía.
No es el mismo caso el de sujetarlos a procesos penales por corrupción y fraude electoral. Por ello debemos esperar para conocer con cuánto entusiasmo secundan en esa reforma constitucional, la cual requiere la aprobación de las legislaturas locales, como parte del Congreso Permanente.
2-La dirigencia estatal de Morena no ha sido capaz de detectar quiénes son los enemigos de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Personajes que cobraban por atacar con calumnias a López Obrador cuando era candidato presidencial lograron infiltrarse a las estructuras administrativas de los ayuntamientos, incluso en posiciones estratégicas como las áreas de comunicación. Los dirigentes morenistas ni idea tienen de la importancia estratégica que tiene la comunicación institucional para difundir las acciones de los gobiernos en el marco de los objetivos fundamentales del cambio de régimen.
López Obrador no sólo deberá luchar con sus poderosos adversarios externos, principalmente los poderes fácticos económicos y su vertiente, el poder mediático; sino también contra la incapacidad ideológica de su gente, que no entiende la dimensión de la disputa por el poder en México y la estrategia que exige en todos los campos, especialmente el de la comunicación. Para los arribistas los cargos son simples chambas bien pagadas, no trincheras de lucha por transformar al país.
