RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DE PERIODISTAS, POR
GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS EDITORAS
MAXIMILIANO CASTILLO R.
Irrita conocer las condiciones laborales de los periodistas al servicio de grandes, medianas y pequeñas empresas dueñas de medios informativos impresos y electrónicos, cuyos comentaristas son ahora excesivamente críticos con el nuevo gobierno federal, sin reflexionar, ni por equivocación, respecto de la situación de sus compañeros en las compañía donde cobran, especialmente reporteros, fotógrafos y camarógrafos.
A estos empresarios, en su momento, Enrique Peña Nieto les pagó 65 mil millones de pesos por concepto de publicidad, según datos de la presidencia de la República. La suma no incluye las prebendas en especie, como ranchos, mansiones en los mejores balnearios mexicanos, yates y hasta jets.
Todo ello sin contar las posibilidades de hacer grandes negocios adicionales con el gobierno, para lo cual sus medios informativos le servían de puente o camino pavimentado para relacionarse con los poderosos que podían autorizar y autorizaban compras de bienes y servicios con sobreprecios, contratos de obras públicas de montos inflados, más la serie de concesiones enumeradas muchas veces en este espacio de opinión de “El Espectador”.
Con todo esto, en un comportamiento no sólo insensible, sino también claramente violatorio de la legislación laboral, recurrían a diversas maniobras adicionalmente antiéticas y de ingratitud en agravio del personal que hace posible su enriquecimiento hasta niveles de escándalo.
Un porcentaje considerable de reporteros, fotógrafos, camarógrafos y trabajadores de talleres y de las diferentes fases de la elaboración de los medios informativos electrónicos e impresos fue despedido, y precisamente, por los contratos por honorarios o falta de contratos no quedaron en condiciones de presentar demandas laborales.
Las autoridades soslayaron la violación a los derechos del personal al servicio de las compañías editoras que benefició con 65 mil millones de pesos. No se inmutó ante el régimen explotación extrema a que eran sometidos los periodistas y no se tomó la molestia de que sus proveedores de bienes y servicios y contratistas de obras públicas (generalmente empresarios periodísticos, también) al menos cumplieran con su obligación patronal de incorporar a sus empleados al sistema de seguridad social.
Esta irritante realidad salió a flote y denunciada por los propios reporteros en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin que el tema alcanzara rango de noticia y de comentarios, porque sencillamente todas las empresas del ramo incumplían e incumplen con sus obligaciones patronales frente al mayor número de sus trabajadores.
Se han conocido casos indignantes en contra de periodistas, como el de una reportera de Veracruz, quien fue ejecutada. En las investigaciones del caso se descubrió que, además de los sicarios que le quitaron la vida, era víctima de explotación por el dueño del medio para el que trabajaba sin recibir paga alguna y mucho menos prestaciones sociales: le entregaban diariamente 50 ejemplares del periódico para que los vendiera y de ahí cobrara su salario. Algo así no lo deben consentir más las autoridades laborales.
