INCAPACIDAD O NEGOCIO PARA
AMIGOS: LOS NUEVOS PENALES
LA FIGURA DE “ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA” SÓLO
BENEFICIA A PARTICULARES, A COSTA DE GOBIERNOS
Hace décadas los gobiernos de la federación y de los estados construían con fondos propios grandes obras de infraestructura, incluyendo carreteras. Ahora no son capaces de darle mantenimiento ni conservar éstas. Encargan todo el trabajo en la materia a sus amigos dueños de empresas privadas, facilitando así los grandes negocios, sino ilícitos, sí ilegítimos, ‘de compadres’, porque mediante la figura de “asociación público-privada” se permite el saqueo del erario.
En el caso del gobierno estatal, quien desde su inicio a la fecha ha ejercido unos 500 mil millones de pesos, no ha sido capaz de construir dos cárceles regionales: en Ozumba e Ixtapaluca, y por ello ahora pretende concesionarlas a particulares, y dejarle a sus próximos 4 sucesores el compromiso de pagarles 35 mil 077 millones de pesos por esas obras y diferentes servicios.
La suma se aproximará a los 49 mil millones de pesos, si se consideran los 13 mil 600 millones de pesos que pretende pagar también a particulares por mantenimiento preventivo y correctivo de mil 600 kilómetros de la red carretera estatal durante 12 años; es decir, mil 133 millones 400 mil pesos cada año.
Todo con la figura de “asociación público-privada” que, de acuerdo con el nuevo gobierno federal, ha sido la fórmula para el saqueo del erario, porque las autoridades invierten en especie u otras modalidades a favor de los proyectos privados y de todos modos después deben pagar varias veces el monto de la inversión de cada obra o servicio a particulares, en un gran negocio de los favorecidos, generalmente allegados a los gobernantes o sus colaboradores más cercanos.
La representación popular mexiquense recibió dos iniciativas del gobernador Alfredo del Mazo Maza, en las cuales pidió autorización para concesionar la construcción y servicios diversos de penales en Ozumba e Ixtapaluca, por las que se pagarán más de 35 mil millones de pesos en 25 años, de los cuales en dos se cubrirá el costo de la construcción.
El dato es relevante, porque permite reflexionar respecto de si con un esfuerzo de austeridad, eficacia y honestidad en la aplicación de los fondos de dos ejercicios fiscales no sería relativamente fácil reunir la suma necesaria para construir los dos reclusorios y evitarse el pago de 35 mil millones de pesos en lo que resta del actual sexenio y los cuatro próximos.
De la misma forma es una suma excesiva la de 13 mil 600 millones de pesos a pagar durante 12 años por tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de mil 600 kilómetros de la red carretera, tomando en cuenta que se trata sólo de arreglar baches en la superficie de rodamiento, y que existe un organismo público especializado en estos trabajos en las vía de comunicación de jurisdicción estatal: la Junta de Caminos.
El sentido común indica que sería socialmente útil que esos mil 133 millones 400 mil pesos anuales que se embolsarán particulares por ese mantenimiento, se les dieran como presupuesto adicional a la Junta de Caminos, que tal vez no ocuparía ni la mitad de esa suma anual para atender bien los 3 mil 800 kilómetros de la red carretera estatal.
La 60 Legislatura Local debe ser cuidadosa en extremo a la hora de estudiar, dictaminar y someter a votación las iniciativas en cuestión.
