COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
SIN UNA EFECTIVA FISCALIZACIÓN NO BAJARÁ LA
CORRUPCIÓN Y MENOS SI EL COMBATE SE SIMULA
Los escandalosos niveles de corrupción alcanzados en la anterior administración federal no sólo ocasionaron un daño patrimonial, sino también dañaron anímicamente a los mexicanos y generaron la irritación general, traducida en las urnas en el ajuste de cuentas al PRI y al PAN, inclusive al PRD, PVEM y MC.
Esa irritación y ansias de desquite hubiesen sido mayores, si se hubiera conocido también la dimensión de la ineptitud, ineficacia y desinterés del grupo gobernante por resolver los problemas de la población y el abandono de la defensa de los intereses nacionales, puestos al servicio de un reducido grupo de personas enriquecidas con el saqueo al erario y los bienes públicos concesionados.
La pauta de actuación data de 1982, pero se acentuó en los tres sexenios de este siglo. No vendieron las playas, como era su plan, pero las concesionaron por decenas de años a intereses económicos nacionales y extranjeros. Por eso ahora en grandes tramos de litorales está prohibida la presencia de mexicanos ajenos a los clientes de los hoteles de gran lujo.
Concesionaron también a empresas mineras y forestales la cuarta parte del territorio nacional, sin contar el espectro radioeléctrico y el agua, además de las obras públicas y compras de bienes y servicios pagadas con sobreprecios de más del 2 mil 150 por ciento, como los antibióticos comprados por el ISSTE, de lo cual se informó hace poco.
Todo esto fue posible por la ausencia de una verdadera fiscalización, fallas intencionales, extendidas a los estados y municipios, cuyos sistemas de verificación y rendición de cuentas constituyen una verdadera simulación y, más que operar para prevenir y sancionar la corrupción, funcionan para encubrirla, apoyar y proteger a los funcionarios corruptos, a través de un trabajo dolosamente ineficaz.
Los problemas de la fiscalización simulada comenzaron a resolverse en el gobierno federal, pero sigue en los estados, como lo denunció hace unos años un titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los sistemas fiscalizadores de las entidades federativas, aunque formalmente dependen de los poderes legislativos locales, en la práctica funcionan para encubrir la corrupción de los ejecutivos estatales.
No es distinta la situación de los contralores municipales, escogidos, con las excepciones de la regla, por sus relaciones de amistad, cercanía y confianza con los alcaldes, de quienes se sienten empleados, no del ayuntamiento, por lo cual, como ocurre con los fiscalizadores estatales, jamás detectan sobreprecios, trabajos mal hechos, nepotismo, obras inconclusas, empresas “fantasmas”, ni miden el impacto del gasto público en las condiciones de vida de los gobernados.
En el gobierno federal la corrupción e ineficacia se erradicarán o reducirán a su mínima expresión, pero el fenómeno seguirá siendo un grave problema si se mantiene en los gobiernos estatales y municipales, por la simulación en los sistemas fiscalizadores del gasto público. En la entidad mexiquense, a más de un año de institucionalizarse, el sistema anticorrupción no ha sido capaz de detectar y denunciar a ningún alto funcionario estatal, ni alcalde corrupto; como si las instituciones fueran tan honestas como en Suiza, Dinamarca o Noruega.
