*La diputada Azucena Cisneros Coss, a nombre de Morena, presentó la iniciativa.

El Estado de México contará con su primera ley para proteger a defensores de los derechos humanos y periodistas. La iniciativa para ello fue presentada por la diputada Azucena Cisneros Coss, a nombre de la bancada de Morena. “Tanto quienes defienden los derechos humanos como quienes ejercen el periodismo enfrentan agresiones que van desde el hostigamiento, hasta la desaparición forzada o el asesinato”, advirtió.
La iniciativa plantea la creación de un mecanismo para garantizar el ejercicio de su labor en condiciones de libertad y seguridad y será un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, encargado de proteger, promover y garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como de fomentar las políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para prevenir acciones que vulneren dichos derechos.
Cisneros Coss llamó a las y los diputados a asumir su responsabilidad de evitar que se cometan abusos en perjuicio de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, “por lo que debemos implementar todas aquellas acciones para enfrentar y erradicar la violencia en contra de este grupos en todo el país, ejercida de forma individual o colectiva”.
Hizo énfasis en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha consignado la ausencia de leyes en esta materia en 22 entidades, entre ellas la mexiquense. Agregó que la importancia de la tarea de los defensores de derechos humanos queda fuera de toda duda ante la situación de violencia que enfrentan los mexiquenses, y destacó que, al contribuir a la protección de los derechos básicos, ayudan a construir el sistema democrático.
En el caso de las y los periodistas, subrayó que desempeñan un papel fundamental en el derecho a saber, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la verdad y el derecho a exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas a la sociedad.
En México, dijo, “el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión son los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas y trabajadores de los medios, así que en muchas ocasiones la autocensura se convierte en la alternativa para que salvaguarden no sólo su integridad personal, sino también su vida”
Enumeró el tipo de agresiones de las que son objeto unos y otros: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, robo, campañas de desprestigio, secuestros, acoso, intimidación, arrestos ilegales, detenciones, espionaje, vigilancia, represión y ataques cibernéticos, entre otras.
La diputada refirió que, en 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró en el país 285 ataques contra defensores, en tanto que ese mismo año fueron asesinados 11 periodistas. En el caso de las mujeres las agresiones se agravan: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México reportó que entre 2010 y 2017 fueron asesinadas más de 43 defensoras y periodistas.
“Las agresiones a periodistas, además de constituir una afectación a la esfera jurídica del agraviado, representan una afrenta a la sociedad en su conjunto”, destacó, y precisó que en el Estado de México no se cuenta con cifras al respecto, pero relató, como ejemplo, el desmantelamiento, en 2015, del equipo de transmisión de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, en Luvianos, por emitir sin concesión.
Recordó que en el sexenio pasado, periodistas mexiquenses padecieron el bloqueo de su trabajo cuando funcionarios o personal de Comunicación Social del Poder Ejecutivo los acusaban de hacer preguntas “incómodas” o ejerciendo presión para que no se publicara información crítica, y habló sobre la situación laboral de muchos de ellos, sin prestaciones como vacaciones, aguinaldo, pensiones o servicios de salud y salarios bajos, garantías que el Estado deber de promover que los medios de comunicación otorguen. La iniciativa pasó a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su dictamen.