*Los responsables también deben ser inhabilitados para evitar la corrupción.
Cuatro integrantes del ayuntamiento de Toluca pidieron a la Legislatura Local aprobar el dictamen de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en el cual ordenó a éste iniciar los procedimientos resarcitorios a 50 municipios por desviación de fondos públicos.
En especial, consideraron importante cumplir con la devolución de los fondos públicos malversados y no perdonar a quienes incurrieron en actos de corrupción en los municipios, como fue el caso detectado por el OSFEM en Toluca.
De entre el medio centenar de gobiernos municipales que no pudieron acreditar la correcta aplicación de fondos públicos en los plazos previstos por la ley, destaca Toluca, municipio cuya cabecera es asiento de los poderes estatales.
Las anteriores autoridades no pudieron justificar la aplicación de más de 50 millones de pesos, correspondientes al presupuesto de 2017. El OSFEM no ha revisado el ejercicio de los presupuestos estatal y de los municipios correspondientes a 2018.
Irma Rodríguez Albarrán, primera regidora; Concepción García Alcántara, tercera regidora; Arturo Chavarría Sánchez, cuarto regidor; y Araceli Martínez Gómez, quinta regidora, coincidieron en su solicitud de que el Poder Legislativo mexiquense lleve los casos hasta sus últimas consecuencias; es decir, obligue a las anteriores autoridades municipales a resarcir los daños al patrimonio de los municipios.
“Si no tienen el dinero que se robaron, que les quinten bienes para hacerle justicia al ayuntamiento y destinar esos fondos a la atención de los habitantes de Toluca, pero no debe permitirse que haya impunidad”, recalcó Rodríguez Albarrán.
Chavarría Sánchez propuso que la representación popular del Estado, además de vigilar que de verdad se recuperen los fondos malversados, desviados o robados, a los responsables directos se les inhabilite por varios años, porque nunca ocurre así.
“Siempre ha ocurrido que los funcionarios corruptos no son inhabilitados, por eso se logran colocar en otros gobiernos, donde siguen incurriendo en corrupción, lo cual ya no debe consentirse”, reflexionó el cuarto regidor de Toluca.
García Alcántara y Martínez Gómez consideraron necesario se obligue a los responsables a devolver los fondos públicos malversados; sobre todo, porque el gobierno municipal necesita más ingresos para atender las necesidades de la población.
La Legislatura Local concluyó su período ordinario de sesiones el martes de la semana pasada, por ello los asuntos no desahogados podrían serlo en períodos extraordinarios.
