*Gasto de 51 mil MDP en un renglón denominado “otras no calificadas en funciones”.
CLAUDIA HIDALGO/GABRIEL VILLALTA
(Primera Parte)
El gasto público del gobierno del Estado de México del año pasado se acercó a los 334 mil millones de pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública entregada al Poder Legislativo el 30 de abril de este año. En diciembre de 2017, el presupuesto aprobado para 2018 era de 291 mil millones, aunque no incluyó el refinanciamiento de la deuda pública.
En ese montó se incluyeron partidas para funciones cuyo fin no se refleja en la mejora de las condiciones de vida de los mexiquenses, y sin explicación alguna se autorizó la erogación de 8 mil 545 millones de pesos para costo financiero, deuda y “apoyo a deudores y ahorradores de la banca”; una especie de “Fobaproa” local.
Un análisis de “El Espectador” a la distribución del gasto general del gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal anterior arrojó altas partidas presupuestales para funciones específicas no cumplidas o efectuadas con deficiencias.
El gasto del gobierno mexiquense autorizado por el Poder Legislativo para el año pasado fue publicado el 15 de diciembre de 2017 en la Gaceta de Gobierno. Ahora, convertido en cuenta pública, será objeto de la revisión más rigurosa de la historia, con un nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Entre las partidas presupuestales aprobadas y ejercidas destacan algunas cuya utilidad social no se nota, como la 5 mil 948 millones de pesos para “planeación, seguimiento y evaluación de políticas”.
En 2017, último año del sexenio de Eruviel Ávila Villegas, el OSFEM no pudo efectuar una verdadera evaluación de los programas gubernamentales, porque las áreas del Poder Ejecutivo encargadas de la evaluación estuvieron ocupadas por personal no idóneo. No supieron realizar esa tarea, a pesar del excesivo costo de las áreas.
Para 2018, el Legislativo – entonces dominado por el PRI- aprobó igualmente un monto de 5 mil 291 millones de pesos para “apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficacia institucional”.
Además, se destinaron mil 212 millones de pesos para “apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión”, lo cual sorprende porque una de las quejas generalizadas de la población es la del precario desempeño de las dependencias del Poder Ejecutivo.
Otro concepto difícil de percibir su utilidad institucional a partir de su denominación es el de “rectonas [¿rectorías?] del sistema de salud”, al cual le asignaron 990 millones de pesos el año pasado.
Por si fuera poco, un monto presupuestal de 51 millones 363 mil 584 pesos fue englobado para “otras no calificadas en funciones”, que puede ser cualquier cosa. Todo eso deberá aclararse en la revisión y fiscalización de la cuenta pública de 2018.
