ARDUA TAREA FISCALIZADORA
PARA EL PODER LEGISLATIVO
UNO DE LOS CAMBIOS POSITIVOS DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS ES LA RECUPERACIÓN DE FACULTADES
El sistema de fiscalización mexiquense tendrá mucho trabajo en los próximos meses. Por conducto de su Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) deberá efectuar auditorías relevantes al ejercicio del gasto estatal de 2017, del cual ocho meses y medio correspondieron al sexenio de Eruviel Ávila Villegas y los restantes, al de Alfredo del Mazo Maza.
A ésta tarea se sumó ya la responsabilidad de revisar, fiscalizar y calificar la cuenta pública mexiquense de 2018, a partir de la recuperación de esta última facultad constitucional, una de sus dos sustantivas e inexplicablemente abandonada hace más de doce años, a la cual se suma la de legislar, que en el anterior sexenio fue más ejercida por el ejecutivo, al grado de que algunos diputados han acusado que el legislativo había sido convertido en ‘oficialía de partes’.
La función fiscalizadora se complicará más por la carencia de un OSFEM a la altura de las nuevas exigencias, pues sus mandos y cuadros operativos se caracterizaron por la omisión de obligaciones, con fuertes sospechas de fallas y deficiencias deliberadas, para no encontrar irregularidades ni corrupción en el ejercicio presupuestal.
Esta percepción no es producto de ocurrencia, sino de al menos dos situaciones claramente identificables: la ubicación del gobierno mexiquense durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas como primer lugar nacional en corrupción, pese a lo cual el OSFEM no fue capaz de detectar ese fenómeno, aun cuando esa calificación no la realizaron adversarios políticos de las autoridades estatales de ese tiempo, sino el INEGI de Peña Nieto.
La segunda circunstancia igualmente notoria y que robustece la convicción de la alta corrupción del anterior gobierno mexiquense es el resultado de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gasto federal aplicado por las autoridades estatales: detectó irregularidades, desviaciones y no comprobación del uso correcto de miles de millones de pesos cada año.
Las observaciones quedaron en eso, incluyendo las resarcitorias, tampoco solventadas por esa administración a pesar de los plazos otorgados. Sobresale el caso del sector Salud y, en particular, el ISEM, el cual al finalizar el anterior sexenio tenía un abasto de medicamentos de apenas el 25 por ciento y deudas cercanas a los diez mil millones de pesos.
Esta situación robustece la sospecha de una elevadísima corrupción en el gobierno estatal no encontrada deliberadamente por el OSFEM, porque si el anterior mandatario fue capaz de desviar fondos federales, cuando sabía sería fiscalizado por una institución ajena al Estado, ya es de imaginar cuánto pudo hacer con los recursos presupuestales de la entidad, y con un órgano fiscalizador local subordinado que jamás encontraba irregularidades.
Eso es precisamente lo que arraiga la creencia popular de que el OSFEM nunca intentó cumplir cabalmente con su obligación; sobre todo por un par de factores en su favor: la falta de facultades del Poder Legislativo para calificar las cuentas públicas y el dominio del PRI en la Cámara.
Ninguna de esas condiciones existe ahora, por ello la fiscalización será de verdad y a fondo, como se comprometieron la mayoría legislativa de Morena y sus aliados.
