COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
ELEVADO GASTO ESTATAL, SIN IMPACTO SOCIAL
PERCEPTIBLE EN LOS NIVELES DE BIENESTAR
El Poder Legislativo, con su facultad fiscalizadora y calificadora del presupuesto restaurada, tiene el enorme reto de, por primera vez en la historia estatal, revisar, evaluar y fiscalizar de verdad, y aprobar o rechazar el ejercicio del gasto público, especialmente del Poder Ejecutivo, pues al conocerse el monto global de los fondos ejercidos en 2018, primer año completo del mandatario Alfredo del Mazo Maza, queda la percepción de tratarse de mucho dinero, cuya aplicación no se tradujo en un mejoramiento de las condiciones de vida de los mexiquenses más pobres.
La forma como se presentan los presupuestos de egresos y cuentas públicas se presta a confusión, porque utilizan un lenguaje tecnocrático accesible sólo para especialistas; sobre todo, por la exposición de las partidas ejercidas en varias relaciones de gastos, como si deliberadamente se tratara de inflar los rubros y desinformar, para imposibilitar la evaluación y fiscalización.
Ahora, en una situación sin precedente, Morena, un partido que no cumple todavía 5 años de vida, tiene, con sus aliados, mayoría calificada en la Legislatura Local, y dado que el combate a la corrupción fue una de las principales banderas que le permitieron obtener más de 30 millones de votos en la elección presidencial, resulta esperable una fiscalización rigurosa al gasto público del año pasado.
Ese gasto se acercó a los 334 mil millones de pesos, incluido el refinanciamiento de la deuda pública. Ese factor también distorsiona el monto de los ingresos, porque de los casi 339 mil millones de pesos reportados, descontados los recursos involucrados en la restructuración del pasivo se reducen a 303 mil millones de pesos.
De todos modos, esta última suma es elevada y no se nota su impacto favorable en la comunidad estatal y, menos, en los niveles de bienestar de los cerca de 9 millones de mexiquenses pobres. Una revisión estricta de la cuenta pública del 2018, como lo establece la legislación aplicable es ahora más urgente que nunca.
Puede y debe hacerse lo mismo con la de 2017; sobre todo, deben cumplirse los procedimientos resarcitorios, si bien el pleno de la Cámara de Diputados Locales no podrá aprobarla o rechazarla, porque la recuperación de esa facultad constitucional, la más importante después de la de legislar, no puede aplicarse en forma retroactiva, como ocurriría si se ejerciera para la cuenta pública de ese año.
Esa facultad constitucional la tenía, pero por razones de conveniencia y ambiciones políticas de un gobernador, se suprimió, dejando en la indefensión a los intereses de la sociedad estatal. En la práctica nunca se había ejercido, porque la representación popular mexiquense estaba subordinada al titular del Poder Ejecutivo en turno. Una fiscalización verdadera nunca se hizo.
Ahora hay condiciones políticas e institucionales para que la facultad de la Legislatura de aprobar y rechazar las cuentas públicas se ejerza a cabalidad, pero el reto será gigantesco, porque se tratará nada menos que de detectar y castigar posibles actos de corrupción en la administración publica, pero también de evaluar el impacto social del gasto público; es decir, saber si se gastó bien, con perspectiva de justicia social y honestidad.
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