*Baz Ferreira tiene garantizado su derecho de audiencia. *Probable período extraordinario.
CLAUDIA HIDALGO
El Ejecutivo estatal tiene 30 días para publicar el acuerdo legislativo para remover al auditor superior de la entidad o hacer las observaciones que considere pertinente a este tema, para que arranque el procedimiento de restructuración del Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM), que incluye la citada remoción.
Este dictamen aprobado en comisiones, se avaló en el pleno el pasado 30 de abril y se envió al Ejecutivo para su publicación. Hasta el momento no ha sido publicado en la Gaceta de Gobierno estatal, pero está dentro del plazo de un mes para ello, aunado a que podría hacer alguna observación al documento y regresarlo nuevamente para su análisis.
En más de ocho meses de la actual Legislatura local, el Ejecutivo estatal no ha vetado ni un solo acuerdo Legislativo, pero existe esa posibilidad, pues es facultad del gobernador, rechazar o plantear observaciones a los acuerdos de los legisladores.
Mientras tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, dio a conocer que en esta semana la Junta de Coordinación Política establecerá el cronograma para dar el tratamiento que corresponde al proceso señalado en la Ley de Fiscalización para remover al titular del OSFEM.
El acuerdo de los diputados fue restructurar todo el Órgano, empezando por el cambio de su titular, Fernando Valente Baz Ferreira, de quien consideran no reúne ya los requisitos básicos para seguir al frente de la revisión de las cuentas del gobierno estatal y los entes municipales. Hernández González consideró viable un período extraordinario.
El funcionario legislativo tendrá garantizado su derecho de audiencia, recordó el líder de la representación popular del Estado de México y coordinador de la bancada de Morena, partido que con sus aliados forma mayoría legislativa calificada.
El tiempo que esto podría llevarse todavía es de un mes y medio o poco más, porque se debe dar lugar a la garantía de audiencia y a cada uno de los pasos establecidos en la norma, como son: citar al auditor a la garantía de audiencia, explicarle las causas de remoción y otorgarle el derecho para aportar pruebas -para lo cual deben trascurrir al menos cinco días-, sigue el desahogo de pruebas y, finalmente, si se acreditan las causas se procede a la remoción.
El diputado Maurilio Hernández informó que el Ejecutivo tiene 30 días para publicar el acuerdo, por lo cual se está dentro del término. “De inmediato se le envió por parte de la Legislatura la minuta y ellos tienen que publicar, tienen para ello 30 días si es que quieren publicar, porque también pueden hacer observaciones”, abundó.
Sin embargo, confió se publicará tal cual se acordó en el pleno porque fue un asunto al cual le dedicaron todo el tiempo posible hasta lograr consenso y una votación unánime de la Legislatura, donde no debe haber dudas.
Entre las causas contempladas en la ley para cambiar al auditor está el utilizar en beneficio propio o de terceros de la documentación, conducirse con parcialidad en la revisión de la cuenta pública y en la fiscalización, ausentarse más de 15 días sin licencia, admitir la injerencia de agentes externos; sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la información, así como no fincar responsabilidades resarcitorias cuando existan elementos y esté comprobado el daño patrimonial.
