
*Desde 2014 sospechaban del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, y nada se hizo.
De la redacción
El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, reaccionó de inmediato a su inclusión en Estados Unidos en la lista de personas vinculadas a narcotraficantes y corrupción. Rechazó esos cargos y de la misma forma dijo no tener decenas de millones de pesos en cuentas bancarias. Como ejemplo de ello mencionó que en las dos congeladas acumula 220 mil pesos. Lo acusan de poseer más de 50 millones.
No obstante, el magistrado del Poder Judicial Federal, Isidro Avelar Gutiérrez, quien fue titular del sexto tribunal unitario con sede en Guadalajara, Jalisco, cambiado después a Chilpancingo, Guerrero, y ahora suspendido 6 meses sin goce de sueldo, por la misma denuncia, guardó absoluto silencio. Nada habló sobre su presunta protección a miembros del “Cartel Jalisco Nueva Generación” (CJNG) y a mandos de “Los Zetas”.
Los casos más sonados y sospechosos de corrupción del magistrado fueron el amparo y libertad de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, jefe máximo de esa organización criminal. Fue procesado por delincuencia organizada y “lavado de dinero”, pero lo dejó en libertad en 2016.
Genero dudas igualmente el amparo a Rogelio González, “El Kelin”, fundador de los “Zetas”, otorgado en 2014, a quien el juzgado cuarto de distrito en materia penal de Toluca había condenado a 16 años de prisión. Le redujo esa condena a los años que ya había estado preso: quedó libre, para su mal, porque en 2015 fue ejecutado en el marco de la lucha interna por el mando de ese violento grupo delictivo.
USA, NO MÉXICO, DETECTÓ LOS DELITOS
Pasaron cinco años para que Estados Unidos informara a México de la presunta protección a narcotraficantes y corrupción del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez y del exgobernador nayarita, Roberto Sandoval Castañeda.
La actuación sospechosa del magistrado en el caso del “Kelín” ocurrió en 2014; y dos años después se repitió la sospecha en el caso del amparo al “Menchito”. También generaba dudas el origen de la riqueza que ostentaba.
No obstante, ni el Consejo de la Judicatura Federal, ni la Procuraduría General de la República (PGR) investigaron a Avelar Gutiérrez. Lo hizo, en cambio, la justicia de Estados Unidos, en una actuación que nuevamente pone de manifiesto la vigencia extraterritorial que el vecino país le da a sus leyes e instituciones, pues los actos delictivos atribuidos al exgobernante y al magistrado suspendido ocurrieron en México.
El tema es delicado porque tiene que ver con la jurisdicción de leyes e instituciones de Estados soberanos, aunque para agraviarlas se invoquen razones de aparente justicia y lucha contra la corrupción e impunidad. Y sobre esto no se reflexiona aquí.
Sandoval Castañeda era responsable, al menos por negligencia, de las actividades de su fiscal general de justicia, Edgar Veytia, capturado en San Diego en marzo de 2017, por orden de un gran jurado federal de Nueva York, por protección al CJNG y a los Beltrán Leyva, lo cual reconoció en enero de este año. Su jefe, el ahora exmandatario insiste en que no se percató de cuanto hacía el Fiscal.
Se iniciaron en México carpetas de investigación en contra de Sandoval por enriquecimiento ilícito, pero las investigaciones no habían avanzado hasta ahora.