*Compañías especializadas en expedición de facturas falsas, beneficiadas.
De la redacción
En el colmo del descuido, o por altos niveles de corrupción, en el anterior sexenio se devolvieron impuestos cobrados a empresas “fantasma”, con existencia legal, pero sin actividades económicas lícitas, según información de las actuales autoridades fiscales.
En una desatención extrema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), parecida a la que permitió a una empresa proveedora de medicamentos al sector salud gubernamental facturar más de 86 mil millones de pesos en el sexenio, cuando tenía inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a un solo trabajador, así ocurrió con las compañías “fantasma”.
La empresa que vendía fármacos al sector salud incurría en delito al no incorporar a su personal al sistema de seguridad social y debió ser sancionada, no premiada con contratos de proveedor y ventas con sobreprecios.
En el caso de las empresas “fantasma” beneficiadas con la devolución de impuestos por miles de millones de pesos, la violación a las leyes fiscales fue más grave, porque incurrieron en ilícitos al expedir facturas apócrifas y con ello facilitaron a sus clientes cometer el delito de evasión de sus obligaciones para con el fisco.
Incurrieron en delitos y propiciaron la comisión de los mismos por parte de las compañías que les compraban la documentación necesaria para acreditar fiscalmente erogaciones que no hacían. Simulaban la compra de bienes o servicios.
Las anteriores autoridades detectaron estas prácticas delictivas, y anunciaron acciones penales en contra de las empresas responsables, pero -según la información de los últimos días- eso no ocurrió; al contrario, las premiaron al devolverles en forma injustificada impuestos que por miles de millones de pesos habían pagado por sus ganancias.
No se trató de un error administrativo o contable, sino de conductas dolosas para que otras compañías evadieran el pago de impuestos, con lo cual ocasionaron daño a los ingresos públicos. Expedidoras y compradoras de facturas falsas actuaron con dolo y debieron ser castigadas penalmente, no premiadas como ocurrió. Y no eran pequeñas o microempresas, sino grandes con utilidades de miles de millones de pesos al año.
