*OSFEM, sólo observa y revisa, no castiga. *Auditorías externas las paga el Ejecutivo.
De la redacción
El sistema de fiscalización dependiente del Poder Legislativo está peor de lo que se suponía: no tiene facultades para prevenir, ni castigar los actos de corrupción en los poderes estatales, ayuntamientos y organismos autónomos y auxiliares.
Las propias auditorias externas a dependencias del Poder Ejecutivo son contratadas y pagadas por éste; es decir, el ente auditado escoge a los despachos fiscalizadores particulares para la revisión de sus cuentas.
La representación popular del Estado no conoce los criterios utilizados por la Secretaría de la Contraloría para contratar los despachos particulares, ni cuánto les paga por fiscalizar el ejercicio del presupuesto del Poder Ejecutivo.
Los resultados de ese trabajo de revisión y evaluación se entregan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), como parte de la información utilizada para fiscalizar el ejercicio de las partidas presupuestales del propio Poder Ejecutivo.
El órgano fiscalizador informó esta situación a los diputados de la Comisión que lo vigila. De la misma forma le dio a conocer la carencia de personal auditor e insuficiente gasto para poder fiscalizar a los 493 entes públicos sujetos a control presupuestal de la Legislatura Local. Tiene aproximadamente 300 auditores.
Las facultades del OSFEM, órgano mediante el cual la representación popular mexiquense ejerce su facultad constitucional de fiscalizar el gasto público estatal, municipal y de los órganos con autonomía y auxiliares son limitadas.
Sólo observa, revisa, fiscaliza y recomienda acciones, pero las medidas administrativas disciplinarias derivadas de casos de irregularidades no graves las aplican los órganos de control interno asignados a las dependencias auditadas. Y si no lo hacen, el OSFEM no puede obligarlos a proceder. Sancionar las irregularidades graves corresponde a la Fiscalía Anticorrupción.
En esto nada tiene que ver el Poder Legislativo, según quedó claro en esa sesión de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Las acciones resarcitorias; es decir, la devolución de los fondos públicos desviados, malversados o robados no las ejerce el Poder Legislativo: sólo las propone a otras autoridades, y si no le hacen, el OSFEM no las puede obligar a actuar. Por eso no conoce con precisión los montos de lo decomisado a funcionarios corruptos.
De acuerdo con opinión de los legisladores de la citada Comisión, esta situación explica porque en la fiscalización a un gobierno estatal considerado por el INEGI en 2017 como el más corrupto del país el OSFEM no haya encontrado actos de corrupción, ni a corruptos enriquecidos y tampoco haya funcionarios deshonestos encarcelados.
Como ejemplo de la deficiente fiscalización del órgano especializado dependiente del Poder Legislativo, los diputados pusieron a las anteriores autoridades del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), las cuales incurrieron en graves irregularidades en el ejercicio del gasto, inclusive evadieron el ISR, las cuotas descontadas a los trabajadores para el ISSSTE y se quedó con los pagos para cubrir créditos hipotecarios, sin que se ejercieran acciones penales en su contra.
