IRREGULARIDAD VEHICULAR O
VIEJO DÉFICIT INSTITUCIONAL
EL PAÍS Y EL ESTADO NO SE HAN REGIDO POR EL
DERECHO: SÍ POR PERMISIBILIDAD Y CORRUPCIÓN
Uno de los grandes problemas que debe enfrentar y vencer el nuevo gobierno federal es el incumplimiento de las leyes por las propias autoridades y particulares, desde los más altos niveles de las instituciones públicas hasta servidores públicos de ínfimo nivel; y en los poderes fácticos económicos, desde los dueños de la riqueza del país hasta los vendedores ambulantes.
Lo mismo los presidentes de la República dejaron de cobrarles tres mil millones de pesos de impuestos a los más ricos del país, que alcaldes e inspectores toleraron (y toleran) a quienes ocupan banquetas para vender productos de bajo valor comercial, sin importarles el entorpecimiento del paso de los transeúntes, los problemas de inseguridad asociados ni la mala imagen urbana. El incumplimiento de la norma ha sido la norma, y no es un juego de palabras, sino una cruda realidad en todo el territorio nacional.
En este escenario debe ubicarse la situación del parque vehicular dedicado al transporte público o particular en suelo mexiquense, que en un alto porcentaje está en la irregularidad, o franca ilegalidad, y corregirlo constituye ahora un gran desafío para las autoridades.
No será sencillo meter a la legalidad a todas las unidades del transporte público ante la fuerza e influencia de las organizaciones de permisionarios, vinculadas a políticos y gobernantes poderosos y acostumbrados por décadas a operar sin cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley.
Peor está la situación en el segmento del transporte ilegal, ese que opera sin concesiones, mezcladas las unidades con las concesionadas o abiertamente en la clandestinidad, tolerado por las autoridades y, especialmente, los inspectores o supervisores, a cambio de dinero, en un delictivo negocio multimillonario.
Distinto es el origen de la situación de las unidades automotoras particulares, cuyos propietarios, en abrumadora mayoría pertenecen a los segmento de bajos ingresos, que con muchos sacrificios lograron ahorrar para comprar unidades usadas, de bajo valor comercial, pero ya no dispusieron de condiciones económicas o cultura cívica para incorporarlas o mantenerlas en la legalidad y prefieren satisfacer necesidades familiares básica a cumplir la ley.
No es socialmente útil esta realidad y urge solucionarla, para lo cual, como lo sostuvo un especialista en el tema, es indispensable un programa integral, dentro del cual el reemplacamiento, gratis o pagado, debe ser sólo un instrumento más, no el único, para terminar con décadas de ilegalidad en el transporte público y privado.
En todo caso debe partirse del hecho de que el megaproblema de la irregularidad de los vehículos del transporte público y particular es resultado del déficit institucional. Las autoridades no quisieron, no pudieron o simplemente permitieron la irregularidad y la ilegalidad por corrupción, ineptitud o por ambas.
