*Recuperó el Poder Legislativo facultad constitucional de calificar las cuentas públicas.
De la Redacción
Concluyó el trámite legislativo para la restauración de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados Locales de calificar las cuentas públicas y de modificar los presupuestos del gobierno estatal. Los cambios a la Máxima Norma del Estado para ello fueron publicados, con lo cual se generaron las condiciones institucionales para una verdadera fiscalización del ejercicio presupuestal en la entidad.
La propuesta integral para la recuperación de esta, que es la segunda facultad constitucional más importante de la representación popular mexiquense, fue enriquecida con las iniciativas de los diputados Tanech Sánchez Ángeles, de Morena; Francisco Rodolfo Solorza Luna, del PT; Anuar Roberto Azar Figueroa, del PAN, y Araceli Casasola Salazar y Omar Álvarez, del PRD.
Esta reforma permitirá a los representantes populares pronunciarse respecto a las cuentas públicas que realice el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) y que el Poder Legislativo cuente con las facultades necesarias para garantizar un verdadero equilibrio de poderes en la entidad, situación que no ocurría desde 2007, cuando los integrantes del Congreso local renunciaron a hacerlo.
Con la publicación el pasado 12 de junio del decreto número 53 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México se aprobó la reforma del párrafo primero de la fracción XXXII del artículo 61 de la Constitución Política estatal, para que la Legislatura pueda recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del estado y de los municipios del año anterior, las que incluirán, en su caso, la información correspondiente a los poderes públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del estado y los municipios.
Para lo anterior, explica el decreto, la Legislatura contará con un Órgano Superior de Fiscalización dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la legislación aplicable.
La iniciativa fue aprobada en el Pleno de la 60 Legislatura el 25 de enero de 2019 y, con el aval de la mayoría de los ayuntamientos (como integrantes del Constituyente Permanente), el 30 de abril la Legislatura emitió su declaratoria constitucional.
En el dictamen de la iniciativa, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), explicó que la calificación de las cuentas públicas debe ser una facultad irrestricta del Poder Legislativo; es decir, concebirse como un reflejo político de la representación ciudadana ante la gestión de gobierno de los poderes Ejecutivo y Judicial.
De acuerdo con esa Comisión, los tiempos y mecanismos para calificar las cuentas públicas y dar por concluida su revisión son competencia de una legislación secundaria, por lo que, una vez modificada la Carta Magna estatal, se deberán adecuar diversas normas para armonizar sus contenidos con la reforma promovida.
