LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA TODOS EN TODO EL PAÍS
MAXIMILIANO CASTILLO R.
La ejecución de la periodista Norma Sarabia en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, por muchas razones preocupó al gremio periodístico y a la opinión pública, como ocurrió horas después con la privación ilegal de la libertad del reportero Marcos Miranda, en Boca del Río, Veracruz, quien afortunadamente fue liberado por fuerzas de seguridad cuando su vida corría un alto peligro.
Ambos condenables casos resultan más graves por cuanto ocurren en un momento de las más grandes libertades para el periodismo en más de un siglo ejercido en los medios informativos de cobertura nacional. En otras ocasiones hemos reflexionado sobre cómo están ejerciendo esa libertad los informadores y analistas profesionales al servicio de las empresas del ramo, y no insistiremos en ello ahora.
Resulta, pues, perniciosa la realidad en el universo informativo y analítico: un clima de absolutas libertades en la llamada prensa nacional, y una represión brutal contra la libertad de expresión en los estados y las regiones con fuerte presencia y dominio de la delincuencia organizada, muchas veces protegida por las propias autoridades.
Los gobiernos estatales y municipales mantienen un estricto control de las políticas informativas y de reflexión de la prensa, mediante el gasto público destinado a propaganda de las autoridades y sus mandos, con exclusión a los medios que no ocultan las fallas, errores, ineptitudes, insuficiencias corrupción y opacidad, lo cual constituye una forma no violenta, pero brutal en sus efectos negativos en la libertad de expresión y al derecho de los gobernados a estar oportuna y bien informados.
Nada más lejano y contrario de estas reflexiones es la sugerencia para que se limite la libertad de expresión a las grandes figuras del periodismo nacional, ni siquiera a quienes con falta de ética y fuerte conflicto de intereses cobraban sumas millonarias anuales a la presidencia de la República.
Tampoco se trata de igualar a la baja el ejercicio de la libertad de expresión, sino de que la misma seguridad que tienen los periodistas de los medios informativos de cobertura nacional se extienda a todo el territorio nacional. Que la misma garantía de que nada malo le pasará a Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva y todos los demás para criticar al nuevo gobierno se otorgue en los estados y municipios hasta el más modesto de los periodistas y comentaristas locales.
La situación de riesgos es radicalmente distinta en los estados, regiones y municipios, como lamentable y condenablemente lo prueban los cientos de reporteros ejecutados en el país en cuanto va del siglo: casi todos eran modesto reporteros de notas policíacas y seguridad pública, de bajos salarios, sin seguridad social, precarios niveles de bienestar familiar y, lo más grave, indefensos ante los intereses de grupos criminales y de autoridades represivas, enemigas de la libertad de expresión, que en no pocas ocasiones están coludidas con grupos criminales.
El gobierno federal debe garantizar a los periodistas seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión, pero también deben hacerlo las autoridades estatales y municipales: en los medios informativos la libertad de expresión debe ser para todos los informadores y analistas profesionales del país, no sólo para los de los grandes medios.
