*El periodista Humberto Padgett sostiene que el presidente del TSJ atiende consignas.
De la redacción
Duro revés de la justicia federal al exgobernador y actual senador de lista, Eruviel Ávila Villegas: los magistrados Isaías Zárate Martínez, Victorino Hernández Infante y Juan Carlos Ramírez Góngora, del tercer tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito anularon la sentencia condenatoria dictada contra el periodista Humberto Padgett, por presuntos daños morales al exmandatario mexiquense.
Ernesto Villanueva, defensor del reportero, recordó que Ávila Villegas demandó una reparación del daño moral por 10 millones de pesos y que -en actuaciones parciales, alejadas del derecho- el juez tercero civil de Ecatepec, José Epitacio García, dictó sentencia condenatoria contra Padgett, la cual también en forma indebida fue confirmada por la primera sala civil regional de Ecatepec, municipio cuna del demandante.
El periodista insistió mucho desde el principio en que el Poder Judicial mexiquense actuó por consigna, porque su titular, Sergio Medina Peñaloza le debe el cargo a Ávila Villegas, por ello esperaba el fallo en contra y se preparó para acudir a la protección de la justicia federal, quien ahora anuló la sentencia condenatoria en forma definitiva y dejó abierta la posibilidad para reponer el proceso si el demandante tiene interés en empezar de nuevo el juicio.
Ernesto Villanueva detalló que la parcialidad se vio desde el principio, porque el juez Epitacio García no debió ni aceptar la competencia, pues el demandado por daño moral derivado de un texto publicado sobre Ávila Villegas vive en la Ciudad de México y en la misma se editó la obra, pero actuó y atendió la consigna de condenar el periodista.
Con este revés el Poder Judicial acumula ya muchos casos sospechosos de resolverse por consignas políticas, especialmente contra luchadores sociales, como el de Huberto Pérez Espinoza, el líder del Frente Mexiquense en Defensa para la Vivienda Digna, encarcelado desde hace 4 años en el penal de Chiconautla, acusado de cargos inventados por la Fiscalía General de Justicia y convalidados por el Poder Judicial “por consiga”, según el afectado, a quien acusan de haber cometido un robo con violencia a un vecino.
El Poder Judicial mexiquense es cuestionado y señalado de actuar también por consigna en los casos de los luchadores sociales, a quienes la Fiscalía le ha formulados cargos inverosímiles, admitidos como buenos por los jueces, después desvanecidos.
En al menos dos procesos penales intervinieron organismos internacionales, incluso la misma Organización de Naciones Unidas (ONU) y concluyeron que los detenidos sufrieron menoscabo de sus derechos humanos, víctimas de cargos falsos.
Así ocurrió con el luchador ambientalista de Ocuílan, Ildefenso Zamora y los campesinos defensores del agua de San Pedro Tlanixco, comunidad de Tenango del Valle, liberados por la falsedad de los cargos y por la presión de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y por la justicia federal.
La misma pauta de comportamiento adoptaron la Fiscalía y el Poder Judicial en el caso de los campesinos de Salazar, acusados de delitos falsos, que el juzgado de la causa dio por acreditados, a pesar de las notorias contradicciones de las acusaciones.
Fueron liberados hace poco, pero no por rectificación de la justicia estatal, sino por la intervención del gobierno federal, especialmente de la justicia federal. En tanto el propio Medina Peñaloza defendió la actuación de sus jueces, en lugar de que como presidente del Consejo de la Judicatura ordenara investigar sus resoluciones.
