Los contratos firmados por el gobierno de Enrique Peña Nieto con empresas privadas para el suministro de gas natural por gasoductos a plantas de la CFE generadoras de energía eléctrica constituyeron una verdadera traición económica a la patria.
Contienen cláusulas peores que las impuestas por una nación que invade, vence y ocupa militarmente a otras para firmar la paz. Ese es caso de aquella que obliga a la CFE a pagar como si estuviera recibiendo el combustible aunque no se entregue.
El director de la llamada empresa productiva del Estado, Manuel Bartlett Díaz reveló que si fracasan las negociaciones para modificar las cláusulas leoninas y no hay un arbitraje internacional con las empresas beneficiadas con esos contratos, el gobierno deberá pagar durante 20 años 80 mil millones de dólares, equivalentes al 40 por ciento de los actuales 200 mil millones de dólares de la deuda externa acumulada en la historia.