1-Si la Legislatura Local autoriza privatizar durante 15 años el servicio de alumbrado público de Toluca, como lo pretende el ayuntamiento, la empresa que obtenga el contrato recibirá 2 mil 180 millones de pesos en ese período.
Al más puro modelo neoliberal, el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez intenta delegar en particulares la prestación de este servicio, una de las obligaciones constitucionales sustantivas de las autoridades municipales.
Los principales argumentos para evadir esta responsabilidad son los de que un buen alumbrado público ayuda a elevar la seguridad pública, a reducir los índices delictivos y a garantizar protección a las mujeres.
Nadie discute eso, lo que debe aclararse es si la comuna de Toluca es incapaz de proporcionar un buen servicio de alumbrado de las calles, y si cree que los particulares que van por las ganancias les importa ayudar a combatir la inseguridad pública y la alta incidencia delictiva.
2-A nuestros seguidores que les interesó el tema de los contratos leoninos para suministrar gas natural a la CFE mediante gasoductos y que preguntaron por nombres de presuntos culpables, les informamos que esos contratos se firmaron en 2015 y que por parte del gobierno los firmó el ahora diputado federal de lista y exdirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, entonces director general de la CFE.
El legislador no ha explicado por qué estuvo de acuerdo con la inclusión en los contratos de cláusulas que obligan al gobierno y a la CFE a pagar el combustible, aunque no se reciba, si las empresas no terminan los gasoductos por conflictos sociales por donde pasan. Tal vez, como argumenta Javier Coello Trejo en el caso de Emilio Lozoya Austin , recibió órdenes de sus jefes.
