*La comuna pagaría 2 mil 180 MDP a particulares. *Las APP permiten saquear al erario.
De la reacción
En forma sorpresiva, el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, busca dejar en manos privadas el servicio del alumbrado público durante 15 años, mediante la figura neoliberal de Asociación Público-Privada (APP), esquema preferido por los gobiernos corruptos para saquear al erario en beneficio intereses particulares, a quienes pagaría por lo menos 2 mil 180 millones de pesos en ese lapso.
Antes de cometer el error y perjudicar los intereses de la población con esa ‘solución’, “la Legislatura Local (quien autorizaría la operación) debe evaluar cuáles fueron las consecuencias sociales y presupuestales de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS’s), similares a las APP, especialmente en casos como el Hospital de Zumpango y en el mantenimiento de carreteras”, advirtió el jurista Gerardo Fuentes Ruiz.
Además de la corrupción que propician las APP, “está el claro deseo de las autoridades municipales de evadir su obligación constitucional de prestar uno de los servicios básicos, como lo es el del alumbrado público, relacionado con la seguridad pública y por lo mismo estratégico para la seguridad de la población, lo cual no le importa a los particulares quienes siempre buscan solo el lucro”, recalcó.
De extracción panista y ligado al expresidente Enrique Peña Nieto, Sánchez Gómez aduce que un buen alumbrado público eleva la seguridad pública, reduce los delitos y protege a las mujeres, pero ese sistema debe operarlo el ayuntamiento, “a menos que esté confesando su incapacidad e ineptitud para cumplir con su obligación”, abundó el especialista en temas de derecho y administración pública.
La figura de asociación pública-privada, fue utilizada por los gobiernos neoliberales y especialmente por el de Enrique Peña Nieto, considerado el más corrupto en la historia del país, para favorecer el saqueo de los fondos públicos por empresarios amigos, en contubernio con funcionarios públicos corruptos.
Todos los contratos firmados por el anterior gobierno federal con la figura de asociación pública-privada contuvieron cláusulas leoninas contra el interés públicos, a favor de particulares, por los sobreprecios y condiciones como las establecidas para el suministro de gas natural para la generación de energía eléctrica: se cobra, pero no se entrega, porque así está pactado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pasadas autoridades municipales de Toluca entregaron al gobierno estatal la tarea de cobrar el impuesto predial, sin mejorar por ello la eficacia y eficiencia recaudatoria, y ahora el alcalde, que ganó el cargo con el apoyo de MORENA, quiere abandonar la obligación constitucional del ayuntamiento de prestar el servicio de alumbrado público, para delegarlo en una empresa particular. La ley lo permite, pero no es cuestión de legalidad, sino del interés general de la población y de un negocio con el alumbrado.
La iniciativa presentada a la representación popular mexiquense destaca que se busca renovar y modernizar el alumbrado público; que el programa permitirá ahorrar dinero; y el ayuntamiento no gastará más de cuanto eroga actualmente en el servicio.
Una iniciativa de asociación pública-privada para que particulares construyan dos penales, por los cuales en 25 años pagarían más de 40 mil millones de pesos y para que otra empresa privada de mantenimiento a mil 600 kilómetros de carreteras con un costo cercano a los 14 mil millones de pesos, fue presentada a la Legislatura Local por el gobernador Alfredo del Mazo, la cual ha sido considerada por diputados de izquierda perniciosa para los intereses del Estado y benéfica solo para los particulares.
