ALUMBRADO PÚBLICO EN MANOS
DE LA IP: ¿INCAPAZ LA COMUNA?
MARCHA TOLUCA EN SENTIDO CONTRARIO A LA
4T: QUIERE ENTREGAR A IP EL ALUMBRADO PUB.
La responsabilidad de los gobiernos municipales es prestar servicios públicos básicos de calidad. El interés de las empresas privadas es el de obtener ganancias y entre más rápido y mayores, mejor. No les interesa el beneficio de la sociedad, sino el lucro. Y no les importa corromper a funcionarios y gobernantes si eso les permite obtener utilidades ilegítimas o ilegales en sus vínculos mercantiles con las instituciones.
De preferencia tratan de convenir compromisos de obras o servicios públicos con sobreprecios, mediante la entrega de sobornos a los facultados para firmar los contratos, en algo que bien podría tipificarse como delincuencia organizada, para afectar a las finanzas públicas y, al final, a la sociedad, la cual paga la corrupción con sus impuestos.
Los contratos de suministro de gas para la generación de energía eléctrica de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyas cláusulas imponen a la ahora denomina “Empresa Productiva del Estado” la obligación ineludible de pagar los volúmenes de combustible pactado, aun cuando no se reciban, como está ocurriendo, constituyen un claro ejemplo de lo pernicioso de la figura de “Asociación Pública-Privada” (APP), un mecanismo diseñado para el saqueo del erario.
En el Estado de México tenemos ejemplos de los llamados proyectos de prestación de servicios (PPS’s), sustituidos ahora por las APP, a los cuales se ha referido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha revelado que cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF), ahora Ciudad de México (CDMX) construyó un hospital como el de alta especialidad de Zumpango.
Edificarlo y equiparlo costó 600 millones de pesos, mientras el construido por un particular en el noreste mexiquense, con la figura de PPS costará al final cerca de 10 mil millones de pesos, pagaderos en un cuarto de siglo, en un gran negocio para el empresario privado y en perjuicio de las finanzas estatales.
La nueva figura de “Asociación Pública-Privada” es casi similar a la de los PPSs, con la diferencia de que éstos no estaban considerados como deuda pública, a pesar de que las anualidades se pagaban del presupuesto general del Estado, como se paga el pasivo. Las APP si deben registrarse como deuda pública, pero fuera de eso la esencia es la misma: un lucrativo negocio para las empresas particulares y una pesada carga para las finanzas públicas y, consecuentemente, para los contribuyentes.
El nuevo gobierno federal desechó este tipo de contratos, por lesivos para los intereses generales de la comunidad nacional, y está optando donde la naturaleza de los proyectos lo permite, dejarle la ejecución a los beneficiados, como está ocurriendo con los caminos en Oaxaca, donde los pobladores se empelan en su construcción.
En este escenario y con los antecedentes de los resultados socialmente negativos de los PPSs y APP, el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez busca que el Poder Legislativo Local le autorice dejar en manos de particulares el servicio de alumbrado público, que debe formar parte no sólo de las condiciones de bienestar de las familias, sino también de la estrategia de seguridad pública municipal, por lo cual no debe estar en manos de quienes sólo les interesa el lucro.
