DESINTERÉS DE GOBERNADORES
POR LA SEGURIDAD DEL PUEBLO
ALZA DE LOS DELITOS, VIOLENCIA E INSEGURIDAD:
ERRADICARLA EXIGE LUCHA DE 3 ÓRDENES DE GOB.
En sólo seis meses de este año fueron abiertas en el territorio nacional 14 mil 603 carpetas de investigación por homicidios dolosos, como con eufemismo se denomina a las muertes violentas intencionales, es decir asesinatos. En junio estos expedientes fueron 2 mil 560, pero las víctimas fueron más, pues en muchos casos una denuncia incluye dos o más personas asesinadas.
El problema es grave y responde a diferentes causas, pero lo preocupante e inocultable es el derramamiento de sangre, iniciado en su actual connotación a principios del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que no pudo contener, ni disminuir su creciente tendencia la administración de Enrique Peña Nieto y se acentuó en los primeros 8 meses de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, aun cuando falten los datos de julio.
Hay muchas explicaciones sobre este fenómeno criminal, que tiene sumida en el miedo a la comunidad nacional: van desde las críticas a Calderón Hinojosa por haber iniciado el combate a la delincuencia organizada sin previo trabajo de inteligencia, hasta la versión de la protección a bandas criminales desde algunos segmentos institucionales.
En el nuevo sexenio las explicaciones son en el sentido de que el cambio de gobierno y régimen significó la ruptura de acuerdos entre grupos de la delincuencia organizada y algunos niveles y estamentos gubernamentales que les daban protección, y los controlaban; ahora, los criminales están aprovechando el desconcierto inicial de cada relevo en la presidencia de la República para ganarle terreno a sus enemigos ya sin protección, y con la intención de demostrar fuerza y poder para hacerle daño a la sociedad, y lograr así el restablecimiento de esos acuerdo que le garantizaban seguridad para sus operaciones criminales e impunidad.
Sea como sea, lo cierto es que las razones expuestas por Felipe Calderón Hinojosa al inició de lo que llamó “una guerra contra la delincuencia organizada”; es decir, la falta de capacidad, experiencia, armamento suficiente y preparación de las policías estatales y municipales, siguen presentes a casi 13 años de haber comenzado la lucha.
El programa de equipamiento, capacitación, control de confianza, mando único, equipamiento y armamento anunciado a finales del 2012 no lo ejecutaron los mandatarios estatales o lo implementaron mal, porque los cuerpos de seguridad siguen en las mismas condiciones que con Calderón.
Los gobernadores de los estados de finales del 2012 ya concluyeron sus sexenios, y en muchos casos incluso salieron ya los sucesores, pero el incumplimiento de sus compromisos en la lucha para erradicar a la delincuencia, abatir el número de delitos, terminar con la violencia y darle seguridad a los gobernados sigue pendiente.
Mandatarios estatales y alcaldes siguen omisos en su obligación constitucional de garantizarles a sus gobernados paz, tranquilidad, seguridad y todas las condiciones indispensables para la convivencia armónica de toda la sociedad. No se preocupan, porque después de todo, como ocurre desde el tiempo de Calderón Hinojosa, la culpa de la inseguridad pública, el aumento de los delitos y la violencia se la carga a los presidentes de la República, y así lo cree la población.
Las nuevas autoridades federales no pueden continuar así, y es indispensable que lo expongan a los gobernadores. Al mismo tiempo, las legislaturas locales deben exigirles eficacia, coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y la preparación de los cuerpos locales de seguridad pública, para lo cual han recibido decenas de miles de millones de pesos en los últimos tres sexenios.
