*Sólo 38 ayuntamientos tienen sistemas anticorrupción instalados: PTP.
De la redacción
A pesar de que para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “la corrupción inhibe la inversión privada, propicia la desigualdad, daña la democracia y el estado de derecho y da pie a violaciones a derechos humanos”, 87 ayuntamientos mexiquenses no muestran interés por combatir el problema.
Sólo 38 de los 125 gobiernos tienen funcionando estos órganos, reveló Palmira Tapia Palacios, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Los 87 ayuntamientos están en desacato, porque desde hace 26 meses quedaron obligados a integrar, instalar y poner en funcionamiento estos órganos, y no lo han hecho, aunque 61 trabajan en ello.
Peor está la situación en los casos de 24 comunas, quienes no dan muestra alguna de interesarse en crear los instrumentos para combatir la corrupción, en abierto y prolongado desacato a un mandamiento de ley.
Tapia Palacios no identificó a las autoridades municipales omisas y que están violando la legislación aprobada el 20 de mayo de 2017, pero explicó: “aun cuando aducen falta de presupuesto, lo cierto es que el gasto para cumplir con la ley no rebasaría el 0.35 por ciento del presupuesto de cada municipio”.
Habló en el foro “Corrupción y municipios: el fortalecimiento de acciones anticorrupción desde la perspectiva local y ciudadana”, efectuado en el Palacio Legislativo, en cuya organización participaron organizaciones sociales,
Por su parte, Vania Pérez, coordinadora de proyectos de integridad y fortalecimiento de la transparencia de PNUD-México, destacó que la corrupción tiene efectos graves y multiplicadores que impide el desarrollo.
Palmira Tapia dijo que otro factor que según los gobiernos municipales dificulta integrar los sistemas anticorrupción en las demarcaciones es el desinterés de los propios ciudadanos en participar en la lucha contra la corrupción.
La omisión y abierta violación al mandamiento legal sobre este tema por parte de los alcaldes son compartidas por las actuales y las anteriores autoridades municipales, porque éstas no integraron los sistemas anticorrupción durante un año y siete meses, y los nuevos ayuntamientos llevan en desacato siete meses.
Quedó clara esa obligación legal en la norma que dio vida al Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, pero el desinterés ha dominado y caracterizado el comportamiento de las actuales autoridades y sus antecesoras en 87 municipios.
Tapia Palacios recordó que 68 ayuntamientos mexiquenses concentran el 80 por ciento de los recursos presupuestales de los 125, por lo cual no se explica el desinterés por cumplir con sus obligaciones legales en este tema.
