*Más leoninos de cuanto se creía, contratos IP-CFE. *Los firmó Enrique Ochoa.
De la redacción
De no llegarse a un acuerdo por la vía conciliatoria y si no hay arbitraje internacional, el diferendo entre empresas particulares contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro de gas natural a plantas generadoras de electricidad, le costará a ésta 80 mil millones de dólares en 20 años.
Además, al finalizar ese plazo los gasoductos construidos seguirán perteneciendo a quienes los construyeron. De esta forma podrán negociar desde una posición de fuerza los términos de los nuevos contratos, porque el gobierno y la CFE no estarán en posibilidades de prescindir del abasto del combustible por esas tuberías.
La desventajosa situación jurídica para el país fue expuesta por el director general de la empresa productiva del Estado, como ahora se conoce a la CFE, Manuel Bartlett Díaz, en el inicio de negociaciones para suprimir o reducir la carga de los contratos leoninos.
El pago por el gas, que se cubre desde ahora aunque no se reciba, como ocurre con una de las empresas contratadas, representará un 40 por ciento comparado con el monto actual de la deuda externa de 200 mil millones de pesos. Los contratos fueron firmados por el ahora diputado federal del PRI, Enrique Ochoa Reza, cuando dirigía la CFE.
El problema de abuso es mucho más grave de lo que se pensaba, ante la indiferencia de los grandes medios informativos y analistas financieros, y comentaristas políticos, quienes no examinan esta riesgosa situación para la CFE y la seguridad energética.
Periódicos, noticieros de radio y televisión informan de las negociaciones, pero evaden casi por completo el tema de los contratos leoninos firmados por el anterior gobierno federal con cuatro empresas.
Las compañías beneficiadas con esa especie de traición a los intereses económicos de la patria por parte del gobiernote Enrique Peña Nieto son: Ienova, Carso Energy (Carlos Slim), TC Energy TransCanada y Fermaca.
Las cláusulas de los contratos firmados por CFE con esas corporaciones establecieron que si la construcción de los gasoductos se interrumpía por oposición de comunidades, conflictos por derechos de tierras o por cualquier otra razón no atribuida a las compañías y no se terminaban en los plazos pactados, habría sobreprecios y el gas que no pudiera entregarse de todos modos tendría que ser pagado como si se suministrara.
Así ha ocurrido, por lo que se paga por combustible no entregado, con lo cual los corporativos ganan mucho más, en ganancias injustificadas, porque se ahorran el pago del gas natural que cobran.
No obstante, los comentaristas no examinan a fondo los contenidos de estos contratos, como si no se tratara de un grave problema nacional y como si no constituyera un saqueo legalizado del erario, pactado por las autoridades de la CFE, en 2015.
En este conflicto intervino ya la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber), al advertir que para los inversionistas la modificación de esos contratos sería un mal mensaje, especialmente para la confianza en el país.
