*Lograr que la ley se aplique siempre y a todos, uno de los grandes retos actuales.
De la redacción
El presidente Andrés Manuel López Obrador encontró un país en ruinas, con altos niveles de inseguridad pública, corrupción, impunidad, impagable deuda pública, pobreza, marginación, alto déficit de eficacia y honestidad en los tres órdenes de gobierno y escaso, casi nulo, crecimiento económico. Además, halló otro grave problema no debatido en los medios informativos:
“Un debilitado estado de derecho, agraviado por la delincuencia organizada y común, y por las empresas, especialmente las más grandes, con sus prácticas de evadir y obtener la condonación de impuestos, violar las normas laborales, del IMSS y ambientales”, advirtió Jorge Iván Frausto Leal, colaborador de este semanario.
Restaurar la vigencia plena de las leyes y aplicarlas siempre y a todos, será uno de los desafíos más grande del gobierno de la cuarta transformación, “porque la impunidad y los privilegios ilegítimos o francamente delictivos están muy extendidos y arraigados en México, y terminar estos problemas será extremadamente complicado”, anticipó.
Para dar una idea de la fragilidad del estado de derecho en México, ejemplificó, “de acuerdo con el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al año se perpetran más de 32 millones de ilícitos del fuero común, pero sólo se inician entre 1.5 y 1.7 millones de carpetas de investigación, de las cuales entre el 12 y el 20 por ciento se judicializan; es decir, unas 300 mil, de ellas sólo entre 50 mil y 60 mil terminan en sentencias condenatorias en todo el país”.
Cuando se comparan esas 60 mil sentencias condenatorias (en el mejor de los casos), contra los más de 32 millones de ilícitos cometidos -incluidas las ‘cifras negras’, que tienen impunidad garantizada-, se comprenderá que no vivimos en un pleno estado de derecho.
“No son tan numerosas, pero dañan más a los mexicanos y al estado de derecho las grandes empresas que evaden impuestos, reciben o recibían condonaciones, obtenían devoluciones de contribuciones mediante deducciones con facturas apócrifas y violaciones a los derechos laborales de los trabajadores”, abundó Frausto Leal.
La inseguridad pública misma es producto de la incapacidad de las instituciones para abatirla, perseguir y castigar los delitos; además, el Estado Mexicano perdió desde hace muchos años el monopolio en el cobro de impuestos y en el uso de la fuerza coercitiva, pues la delincuencia organizada se adjudica estas atribuciones.
Al parejo de traficar drogas, secuestrar, asesinar y “lavar dinero”, las células delictivas cobran “derecho de piso” y también emplean la fuerza de las armas en sus actividades criminales; es decir, ejecutan actos de las instituciones fiscales, en claro agravio al estado de derecho, en una situación grave que no se debate en los medios informativos, porque le fue heredada al nuevo gobierno, explicó Frausto Leal.
La situación y su solución se complican mucho porque la casi totalidad de los gobiernos estatales y municipales no muestran interés verdadero, ni tienen estrategia para cumplir su obligación de prevenir los delitos. Los primeros, “tampoco tienen capacidad para perseguir y castigar a los delincuentes”, concluyó el editorialista de “El Espectador”.
