El largo proceso de 17 años y 6 meses que le instruyen a Daniel García Rodríguez y a Reyes Alpízar Ortiz por el homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez Pérez, perpetrado en 2001, deja muy mal parado al Poder Judicial del Estado de México. Los detenidos fueron torturados y cuanto lleva el proceso ha estado plagado de abusos que violaron la presunción de inocencia y el debido proceso.
El ayuntamiento de Atizapán estaba en manos del PAN y este partido atribuyó el encarcelamiento de su militante a una venganza política de parte del entonces gobernador Arturo Montiel Rojas, ejecutada por el Poder Judicial.
Ahora tanto el Poder Judicial como la Fiscalía propiciaron condiciones para que los detenidos durante tanto tiempo siguieran su proceso en libertad, con el uso de un dispositivo electrónico colocado en un pie y con la condición de no abandonar el territorio estatal.
García Rodríguez está acusado de autoría intelectual de la joven regidora, pero insiste en que es inocente, mientras Alpizar Ortiz, acusado de operar la ejecución, sostiene que jamás en su vida había visto a García Rodríguez y nunca vio a la víctima.
Tuvieron que intervenir una agencia de la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para que las autoridades de procuración y administración de justicia decidieran darle la libertad condicionada. Eran de los procesados con más tiempo en prisión sin recibir condena en el mundo.
