*La misma pena de prisión aplicarán a quienes induzcan a menores a talar bosques.
De la redacción
El cambio de uso de suelo, facultad gubernamental considerada fuente de corrupción, con efectos perniciosos en el ambiente y propiciadora del desorden en la expansión de las zonas urbanas, será considerado delito grave cuando se autorice en áreas naturales protegidas o zonas de reserva ecológica.
Los funcionarios que violen las nuevas disposiciones del Código Penal del Estado de México, aprobados por unanimidad por la representación popular mexiquense serán castigados hasta con 20 años de prisión, sin derecho a fianza.
Esa misma condena de cárcel se aplicará a quienes induzcan a menores de edad a cometer delitos contra el ambiente; es decir, a la tala de bosques en forma ilegal, según lo aprobó la Legislatura Local, a propuesta del diputado Margarito González Morales, de la bancada de Morena.
En sesión del tercer período ordinario se reformaron los artículos 9 y 229 del Código Penal mexiquense. En el debate del dictamen aprobatorio presentado al pleno se destacó la grave situación de la riqueza forestal del Estado, por la tala clandestina irracional.
Se advirtió de los daños ambientales ocasionados por la depredación de los bosques, por lo que se endurecerán las penas para quienes talen árboles sin la autorización oficial correspondiente, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Sustentable.
Las penas de prisión se elevarán hasta los 20 años si en las actividades delictivas contra el ambiente se utilizan motosierras, sierras manuales y vehículos como camionetas y camiones para transportar ilegalmente tocones.
Los mismos 20 años de encierro en las cárceles mexiquenses se aplicarán a los funcionarios públicos que intervengan en los daños a los bosques, que han sufrido. La devastación ha sido tanta que los esfuerzos de las autoridades y la población no han podido compensar las pérdidas de la masa forestal en el territorio del Estado.
En este sentido González Morales destacó que los programas para recuperar los bosques no han tenido éxito, como lo muestra el alto índice de deforestación, pues el propio marco juridic0 de la materia no ha evitado los daños a la riqueza forestal y no se ha favorecido su fortalecimiento.
La depredación de los bosques, además, ha gozado de impunidad por la corrupción y los poderosos intereses políticos y económicos involucrados en las actividades delictivas en las zonas forestales afectadas.
Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, de Morena propuso que se pida a las autoridades destinar mayor presupuesto para proteger los bosques. En la sesión se destacó la importancia de los árboles para mantener los ecosistemas y la producción de agua y se advirtió que la destrucción de los bosques es superior inclusive a la regeneración natural de los mismos y de los trabajos de reforestación.
