*Presentó el gobernador del Mazo Maza iniciativas de decreto para ese fin.
El gobernador Alfredo del Mazo Maza solicitó autorización legislativa para contratar deuda por mil 900 millones de pesos, de los cuales mil 266.6 millones serán para el sector comunicaciones y 633.3 millones, para infraestructura hidráulica y obras públicas, a ejercerse este año y el próximo.
Otra iniciativa presentada fue para que los gobiernos municipales puedan contraer pasivo hasta 25 por ciento de los ingresos que reciban por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019, el cual será considerado como fuente de pago, y para que se considere instrumentar un fideicomiso de administración y pago para los ayuntamientos.
De acuerdo con la propuesta, el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al financiamiento mencionado, el monto para el servicio de la deuda en los términos contratados hasta su total liquidación. El monto autorizado podrá ser ejercido por el estado durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
Se solicita además se autorice al gobernador a que, mediante la Secretaría de Finanzas, suscriba o modifique los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios, mecanismos, mandatos, instrucciones irrevocables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar los financiamientos, los cuales deben contratarse con instituciones del Sistema Financiero Mexicano y tendrán un plazo de pago hasta de 25 años.
Los créditos de las comunas serán para obras, acciones sociales básicas o inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo y su mantenimiento y mejoramiento de vivienda.
La propuesta indica que cada municipio podrá contratar los créditos a más tardar el 20 de septiembre de 2020, y en cualquier caso deberán haberse pagado en su totalidad el 31 de diciembre de 2021. Adicionalmente, los ayuntamientos podrán negociar con la institución acreditante los términos y condiciones, a excepción de la tasa fija.
Se establece que la contratación sea mediante funcionarios legalmente facultados, que gestionen uno o varios créditos o empréstitos con cualquier institución del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado.
Esta iniciativa también plantea que, con la finalidad de fortalecer y actualizar los mecanismos de pago de los municipios, se autorice al estado a instrumentar un fideicomiso irrevocable de administración y pago, a cuyo patrimonio los municipios que así lo decidan, y previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, afectarán, en una proporción de 25 por ciento, el derecho y los ingresos que les correspondan por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, con el fin de cubrir los compromisos de pago derivados de las obligaciones que contraten.
Cada municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos el importe para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal.
