*Ningún responsable de la fiscalización en el Estado había sido tan cuestionado.
De la redacción
Al final, Fernando Valente Baz Ferreira no pudo resistir más los rudos cuestionamientos de la mayoría legislativa a su desempeño como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), y renunció al cargo.
El funcionario aguantó el acuerdo de su remoción aprobado por el pleno de la representación popular mexiquense el 30 de abril, pero no la inevitable suspensión demandada por la comisión de Vigilancia del Órgano, para poder investigar su patrimonio y el de su familia. Optó por dejar el puesto, según un análisis de “El Espectador” a lo ocurrido del 5 de septiembre de 2018 a la fecha.
Con ello se puso fin a la larga etapa de fiscalización simulada, para dar lugar una nueva, propiciada por la pérdida del control del Poder Legislativo, en poder del PRI desde la fundación de ese partido. Antes, la Legislatura recuperó su plena facultad fiscalizadora.
Ningún responsable de la fiscalización del ejercicio de los fondos públicos y estatales había sido tan cuestionado y reprobado por los partidos de izquierda como Baz Ferreira; sobre todo, por no haber encontrado actos de corrupción, específicamente nunca detectó sobreprecios en compras y obras públicas.
Durante el sexenio de Eruviel Ávila Villegas el gobierno estatal figuró siempre en primer lugar en corrupción en el país, pero el OSFEM jamás encontró sobreprecios en adquisiciones, arrendamientos ni obras públicas, y mucho menos empresas “fantasma”. Sus observaciones fueron sobre presuntos actos de corrupción minúsculos.
Cuando Juan Manuel Portal era Auditor Superior de la Federación, decía que los sistemas de fiscalización de los estados, aun cuando constitucionalmente dependían de los poderes legislativos, en la práctica eran controlados por los gobernadores y los utilizaban para ocultar su corrupción, su ineficacia e ineptitud.
En varias entidades federativas, comenzando por la mexiquense, las bancadas mayoritarias en las legislaturas locales, pertenecientes al PRI, impulsaron reformas para renunciar a su facultad constitucional de aprobar y rechazar las cuentas públicas. Las transfirieron a los entes fiscalizadores, formalmente sus subordinados, pero al servicio y protección de los mandatarios estatales. Sólo rendían un informe de las revisiones de las cuentas públicas, invariablemente aprobados por la mayoría.
Era el gobernador quién ordenaba a sus correligionarios que formaban mayoría en la cámaras designar a determinado profesional como titular del órgano fiscalizador, muchas veces con el apoyo y la complicidad comprada de los diputados de oposición.
Los resultados electorales de junio del año pasado en el Estado de México permitieron construir una nueva mayoría legislativa, incluso calificada, de Morena y sus aliados. Esto ocurrió en un marco general de cambio régimen en el país, uno de cuyos objetivos estratégicos es el de la lucha contra la corrupción, como primer paso para resolver los muchos y graves problemas nacionales.
En este escenario, un OSFEM al servicio del gobernador era imposible. Su titular fue rudamente cuestionado, como no lo había sido ninguno de sus antecesores. Resistió los embates confiado en un salvamento del Poder Ejecutivo, que no estaba en condiciones de brindarle, como tampoco para influir y decidir el nombre del relevo. Así llegó a su fin la larga historia de la fiscalización simulada y la inauguración de una etapa que se espera sea la del fin de la corrupción y la impunidad en el Estado de México.
