EL ASUNTO DE LA INFORMALIDAD…Una asignatura pendiente.
Jairo A. Tell
Sin duda, el asunto de la informalidad es una asignatura pendiente para el gobierno en sus tres niveles; sobre todo ahora que se ha puesto en boga la lucha contra la corrupción y la impunidad. No obstante el fenómeno presenta varias aristas desde su origen, que bien pudiésemos expresar por la falta de oportunidades para tener un empleo bien remunerado para cubrir las necesidades básicas del ciudadano. Por otra parte esta la herencia familiar, que materialmente impide que la población dedicada al comercio informal busque otros derroteros.
Es ahí precisamente donde existe un problema latente, pero también una importante área de oportunidad para la recaudación fiscal. Después de todo las personas dedicadas al comercio informal ya pagan un impuesto (derecho de piso) que les es cobrado puntualmente por los “lideres”, en el mejor de los casos, porque ahora, el crimen organizado se ha adueñado hasta de las esquinas y los cruceros para hacer de las suyas cobrando inclusive por adelantado las cuotas de sus “agremiados”.
La informalidad es causas y efecto de la pobreza en muchos países, por el bajo nivel de productividad y de ingresos de este grupo. Además, los trabajadores que participan en este sector están sometidos a fuertes presiones y fricciones en el entorno familiar al no contar con prestaciones sociales como servicios médicos y fondo de jubilación. Es frecuente que enfermedades inesperadas acaben con el patrimonio de las personas y que los abuelos tengan que vivir con sus hijos o nietos y viceversa. En México existe un grave problema de poca creación de empleo formal, debido a la baja inversión que se realiza en el país. Por lo mismo, un porcentaje importante de la población económicamente activa (PEA) tiene que laborar en el sector informal para obtener los ingresos que requiere para vivir.
Nuestro país cuenta con una población total de 125.8 millones de personas en la actualidad, de las cuales 94.6 millones tienen más de 15 años de edad. De estos el 59.8% constituye la PEA; es decir 56.9 millones de personas. El restante incluye a los estudiantes, a los jubilados, a las amas de casa que no obtienen ingresos por sus actividades. Los datos que publica el INEGI muestran que de la PEA el 3.5% está desocupado, lo cual es uno de los porcentajes más bajos entre los países de la OCDE, lo que con frecuencia se presume en foros internacionales. Sin embargo, este porcentaje no es comparable con los datos de otros países porque se refiere solo a las personas que no trabajaron ni siquiera una hora en la semana de la encuesta, pero si realizaron alguna actividad en la búsqueda de un empleo.
En México la mayoría de las personas que no tienen un trabajo formal si realizan actividades para tener algún ingreso, sobre todo en la economía informal, por lo que no se pueden incluir en el porcentaje de desocupado. En cambio en la mayoría de los países desarrollados existe el seguro de desempleo, que les impide tener otro trabajo, lo que permite tener estadísticas más confiables de las personas sin trabajo formal. Para tener una idea más clara del desempleo, se debería sumar al porcentaje de población desocupada la denominada subocupada, es decir aquellos que desean trabajar más tiempo, que representan el 7.7% de la PEA. Ambos conceptos representan el 11.2% de la PEA. Sin embargo, a pesar del detalle de las estadísticas anteriores, las mismas no reflejan con exactitud la presión del empleo que tiene nuestro país, ya que es muy elevado el porcentaje de la población que trabaja en la informalidad.
Para obtener este número hay que sumar los que están en el sector informal de la economía propiamente dicha, con aquellos que operan con recursos de los hogares sin constituirse en empresa, con los trabajadores domésticos remunerados y los que laboran en el gobierno, en las empresas o en instituciones que eluden el registro de la seguridad social y con los informales del sector agropecuario. Todas estas modalidades representan el 56.3% de la Población Ocupada, lo que significa que 30.9 millones de personas están en la informalidad, es decir su número es incluso mayor que aquellos que están en la formalidad, que pagan impuestos y tienen prestaciones sociales de distinta característica. En conclusión, de una población total de 125.8 millones de personas que tiene el país, solo 26 millones trabajan en empleos formales, que pagan impuestos directos y que tienen prestaciones sociales.
Esto significa que el gobierno tiene que proporcionar servicios públicos a la totalidad de las personas con los recursos que solo la quinta parte de la población paga (más los impuestos indirectos). De aquí la preocupación de que el gobierno incremente los subsidios y prestaciones a un mayor número de personas sin imponer impuestos al sector informal.
En este caso, la manera en que se podría evitar un incremento del déficit fiscal sería por medio de elevar los impuestos al mismo grupo de causantes que en la actualidad ya paga impuestos en el país, lo que castigaría aún más a la inversión y a la creación de empleos. Este es uno de los graves problemas que tiene el país y el no enfrentarlo solo agravará el entorno económico.
