*Las extorsiones son más descaradas en la zona de la Central de Abastos.
De la redacción
Transportistas que participaron en un foro sobre la inseguridad pública e incidencia delictiva en su actividad denunciaron actos de corrupción en los retenes de la Policía Municipal de Toluca.
En varias partes de la ciudad se instalan estos filtros para detectar vehículos sin los hologramas de verificación, los cuales son retenidos y arrastrados por las grúas a corralones, de donde son liberados mediante el pago de multas, arrastres y el compromiso de cumplir con la revisión de los automotores.
Los concesionarios subrayaron que son numerosos los actos de corrupción perpetrados por los policías en los retenes e incluso el monto del cobro ilegal es mayor que el de una violación al Reglamento de Tránsito.
Gerardo Fuentes Ruiz, conocido abogado postulante, quien adquirió más notoriedad por haber obtenido amparo contra el aumento de cuotas del ISSEMYM, consideró ilegales y hasta inconstitucionales el envío de unidades automotoras a los corralones, por no haber cumplido con la verificación.
Advirtió que la Constitución del país prohíbe expresamente que se cause molestias a las personas y a sus bienes sin un mandamiento judicial que lo autorice, por lo que el ayuntamiento de Toluca viola estas garantías constitucionales.
Ninguna ley secundaria o reglamento puede estar por encima de la Constitución, reiteró y sostuvo que cualquier persona afectada por estas disposiciones arbitrarias puede ampararse y siempre obtendrá justicia, porque la Constitución no permite afectaciones a las garantías individuales.
Personas afectadas por los retenes denunciaron públicamente, inclusive en las pantallas de noticieros locales de televisión, que los policías sólo detienen y mandan a los corralones a los vehículos cuyos dueños no quieren pagar o no llevan dinero para cubrir el monto de 400 pesos fijados para dejarlos seguir circulando.
Especialistas en el tema sostienen que los retenes son injustificados ahora que está en marcha el programa de reemplacamiento, porque la entrega de las láminas lleva implícita la obligación de los dueños de las unidades de verificarlas en un determinado tiempo; es decir, les dan un plazo de 30 días para cumplir con esa obligación.
En estas circunstancias, como sostienen los transportistas, los retenes carecen de justificación y son sólo un pretexto para el negocio de los dueños de grúas y corralones y en menor medida, para las autoridades, además de fomentar y agudizar el problema de la corrupción de la policía.
